Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. "El INAH no había tenido una crisis tan severa de pobreza, desatención, inoperancia y descoordinación administrativa como la actual", denunciaron integrantes de Colectivo de Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En un documento enviado a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la próxima titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, los trabajadores indicaron las pésimas condiciones de la institución que les impiden cumplir con sus funciones sustantivas de conservación, investigación, difusión y formación. Durante una conferencia de prensa, los trabajadores académicos, técnicos y manuales explicaron el contenido del documento enviado hacia las autoridades federales, el cual consta de 150 páginas en total. El documento, referido como "Memorial de agravios", señala que la institución enfrenta carencias en cuanto a los insumos básicos como agua, gasolina o extintores. Del mismo modo, denuncian que en los recintos donde laboran tienen techos de asbesto, un elemento cancerígeno, los cuales no han podido cambiar por la falta de presupuesto. Así mismo, en el documento enviado a la próxima administración se denuncia la falta de recursos para insecticidas, un elemento fundamental para combatir plagas en las zonas arqueológicas, las cuales se convierten en un riesgo tanto para trabajadores como para visitantes. Otras de las denuncias fueron la falta de gastos de operación, que ocasionan que los proyectos sean financiados parcialmente por otras instancias gubernamentales, religiosas o privadas, circunstancia que fomenta la corrupción. "Estas restricciones no solo obstaculizan el trabajo interdisciplinario, sino que también fomentan la corrupción, ya que los costos de ciertas funciones son asumidos por gobiernos municipales, estatales, parroquias o particulares, quienes suponen que al estar asumiendo ese gasto pueden influir en la dictaminación del personal del INAH", expresaron durante la rueda de prensa. A su vez, se denunciaron las condiciones de inseguridad que padecen los trabajadores del organismo a manos del crimen organizado, las cuales incluyen “cobro de piso”, amenazas a su integridad, bloqueo de caminos, daños a los bienes culturales y, en ocasiones, secuestros o “levantamientos”. En vista de todas estas circunstancias, arquitectos, investigadores, restauradores, divulgadores y antropólogos de la institución exigieron a las autoridades incrementar el presupuesto para gastos de operación, que representa el 15.18% de la totalidad del presupuesto, y aumentar en un 45% la plantilla laboral, para sumar un total de 3 mil 146 trabajadores.
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