Aholibama Andrade / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Comuneros de Santa María Ostula piden una resolución favorable respecto al último recurso jurídico interpuesto ante las instancias legales, con lo cual recuperarían más de mil hectáreas de tierras comunales que supuestamente les fueron despojadas por parte de pequeños propietarios de La Placita. “Basta de despojo, respeto al territorio”, es una de las frases que portaban las pancartas de un grupo de aproximadamente de 50 comuneros y comuneras provenientes de Ostula, quienes la mañana de este martes se presentaron frente a las instalaciones del Poder Judicial Federal (PJF) ubicadas en la ciudad de Morelia para pedir al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo que la resolución que emitirá este jueves 28 de noviembre sea a favor del pueblo originario. En su intervención Guadalupe Serrano Ramos, comisariado de bienes comunales de Ostula, aseguró a medios de comunicación que el conflicto territorial que data del año 2008 ha traído diversas repercusiones para los comuneros, y tras una de las últimas resoluciones emitidas por parte de tribunales agrarios fue que la comunidad decidió interponer un amparo con el cual se reconocería el territorio comunal que denominan como Xayacalan. Por ello es que piden al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito una respuesta en beneficio de la comunidad, la cual aseguró que se ha caracterizado por la defensa de su territorio “específicamente para vivir ya en paz, no queremos más asesinatos y desapariciones de compañeros (...)”, detalló el comisariado. Aunado a esto, Carlos González García, abogado de dicha comunidad, detalló que “este conflicto es uno de los más agudos en el país, pues ha provocado el asesinato de 40 comuneros, y la desaparición de 45, entre ellos quien era el comisariado de bienes comunales en el año 2009, Francisco de Asís Manuel”. En este tenor, el abogado explicó que a lo largo de las décadas la comunidad sufrió distintas invasiones en su territorio, y las más significativas fueron dos, una de ellas a la que hacen referencia en la que supuestamente pequeños propietarios de La Placita invadieron más de mil hectáreas en la colindancia que se tiene con el Océano Pacífico. La segunda data del año 1967, particularmente cuando el Gobierno de la República en turno dotó de tierras al ejido Salinas de La Placita que invadía alrededor de 100 hectáreas de la comunidad indígena, problemática que en noviembre de este 2024 se resolvió ante los tribunales que dieron una resolución a favor de la comunidad con el amparo en revisión 357/2023, pues se detallaron afectaciones al territorio comunal y la transgresión de los derechos de audiencia (…). Por este antecedente es que las y los comuneros de Ostula confían en que la resolución de este jueves del amparo directo número 463/2023 con el que se determine a quién le corresponden los derechos sobre la superficie en litigio (Xayacalan) sea favorable, pues se estaría dando justicia la comunidad que ha tenido en posesión de manera ancestral dicho territorio, aspecto que también se sustenta en títulos primordiales del siglo XVIII que fueron dictaminados por la autoridad agraria hace aproximadamente 80 años (...), aseguró el representante legal. En este tenor, los medios de comunicación cuestionaron al abogado González García sobre las acciones que la comunidad podría emprender en caso de que la respuesta sea contraproducente. Sobre el tema, recalcó que en caso de obtener una resolución desfavorable la comunidad no estaría de acuerdo, por lo que apelarían a los tribunales internacionales, ya que por lo menos en el Estado Mexicano, esta sería la última instancia a la que pueden acudir. “La propuesta por parte de la comunidad es buscar el diálogo en la región con las partes en conflicto para evitar que se sigan dando situaciones graves”, puntualizó el abogado, quien argumento que no se tienen previstas movilizaciones u otro tipo de manifestaciones, ya que lo que se busca es apegarse a la ruta jurídica, pues destacó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos está al tanto de dicha problemática, por lo que se vería incursionar en la vía de las Naciones Unidas o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en su caso acudir a ambas instancias.
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