Redacción / La Voz de Michoacán Una jueza federal rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva que enfrenta el capitán José Martínez Crespo y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, quienes fueron señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, determinó negar la imposición de otras medidas cautelares e impuso de nueva cuenta la prisión preventiva justificada, en dos audiencias que se celebraron por videoconferencia. Fuentes ministeriales señalaron que en la audiencia de revisión de medidas cautelares del capitán Martínez Crespo, la jueza consideró que el procesado no cuenta con un arraigo en su domicilio actual y representa un riesgo para las víctimas directas e indirectas, además que las penas de los delitos que se le imputan son demasiado altas. Mientras que, en el caso del subteniente Alejandro Pirita, Ivette Duarte consideró que no se estableció debidamente el arraigo domiciliario y familiar del procesado. Asimismo, la jueza manifestó que quedó evidenciada la mala conducta de este elemento castrense al existir, supuestamente, dos carpetas de investigación en su contra. Las fuentes consultadas señalaron que los abogados de los procesados argumentaron que era ilógico que un miembro que ha servido a nuestro país por más de 35 años, como el es caso del capitán, y con una reciente cirugía a corazón abierto pretenda sustraerse de la acción de la justicia y perder todos los beneficios que hoy en día lo mantienen vivo. En las audiencias del 30 de noviembre y del 7 de diciembre de este año, los abogados señalaron que ambos militares no pretenden sustraerse de la justicia, porque han servido a nuestro país y perderían todos los beneficios, fruto de su trabajo, al igual que sus familias, además de que podrían ser denunciados en el fuero militar y enfrentarían nuevos cargos. Cabe señalar que, en 2022, se libraron 83 órdenes de captura, de las cuales 20 correspondían contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala. Sin embargo, días más tarde la FGR, se desistió de 16 órdenes de captura contra militares. Un año después, la FGR reactivó el caso y obtuvo las 16 órdenes de captura, las cuales se comenzaron a ejecutar contra el personal castrense.
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