Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Para la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Carla Humphrey, la condición de “sentencia firme” para retirar candidaturas no es un filtro suficiente rumbo a la elección judicial del 1 de junio, en un país con altos niveles de impunidad, advirtió en una entrevista con EFE en medio de las crecientes denuncias ciudadanas de candidatos con antecedentes o vínculos cuestionables. Humphrey, una de las voces más críticas de la reforma judicial que introdujo la elección de jueces en el país, consideró que se requiere “una visión más amplia” para atender las denuncias, ya que incluso en el sistema penal acusatorio no todos los procesos concluyen con una sentencia. Por ello, consideró que la legislación, al igual que la ley 8 de 8 contra la violencia, está “mal planteada” al exigir este requisito, pues por ejemplo, en el caso de la violencia política de género, generalmente se considera como infracción administrativa, no delito. El Consejo General del INE aprobó el jueves pasado un acuerdo que le permite evaluar candidaturas con base en la ley 8 de 8 y verificar que no hayan incurrido en alguno de los ocho supuestos que prevé la Constitución mexicana para erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género, incluidos delitos sexuales, feminicidio y violencia política. No obstante, Humphrey remarcó sus discordancias con este requisito en un país con un índice de impunidad de más del 94 %, donde es “muy complejo” que las víctimas tengan un “un documento, una sentencia firme para presentarle al órgano electoral”. “Me parece que la presunción de inocencia no es absoluta y que hay que evaluar en cada caso las particularidades para ver si se puede o no retirar la candidatura. Tengo colegas, sin embargo, que piensan que la Constitución mexicana dice que tiene que haber sentencia firme y que, por tanto, no se pueden retirar estas candidaturas”, expuso la consejera. Vínculos con el crimen como alerta Sin embargo, la también presidenta de la comisión de fiscalización del INE aclaró que existen distintas vías para revisar y, en su caso, invalidar candidaturas. Por ejemplo, señaló que se implementó un mecanismo de fiscalización para revisar los ingresos y gastos de campaña de los aspirantes, el cual incluye un modelo de riesgos que analiza factores para identificar candidaturas con mayor probabilidad de irregularidades. “Y un indicador también, por supuesto, es claramente este vínculo con el crimen organizado, es un detonante, una alerta dentro de un modelo de riesgos”, afirmó. La agrupación civil Defensorxs ha documentado más de una decena de “candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas (la Luz del Mundo) y otras irregularidades” en el sitio ‘Justicia en la mira’, donde resalta, entre otros, Francisco Herrera Franco, exfiscal de Michoacán, relacionado con el asesinato de dos periodistas y otros delitos. Aunque Humphrey prefirió no pronunciarse particularmente sobre algún caso, celebró que el presidente del Senado mexicano le atribuyera al INE la responsabilidad de retirar de la contienda a este tipo de aspirantes, y consideró que el mecanismo de fiscalización puede ser una vía. Pero precisó que la revisión detallada de los gastos finalizará el 28 de julio, pues se realiza principalmente después de la presentación de los informes de campaña, y el INE aún no ha definido qué pasará con las candidaturas inhabilitadas. Entre retos y debates “Estamos debatiendo si hacemos un acuerdo en el Consejo General del INE, justamente con este tipo de criterios, qué pasa si hay algún empate, qué pasa si se retira una candidatura”, apuntó. Este es uno de los debates vivos en el INE en este inédito proceso judicial, donde la falta de tiempo y recursos añaden complejidad, según contó la consejera. Humphrey destacó el reto pedagógico para explicar a la ciudadanía en tiempo récord -solo 20 días en Coahuila (norte)-, la importancia de tener un proceso electoral más, donde se van a elegir 881 cargos federales y cientos de puestos locales en 19 estados. “Con tiempo y con recursos, creo que pudiéramos haber tenido esa capacidad de incidir aún más en la ciudadanía sobre lo que se está eligiendo, por qué se está eligiendo, por qué es importante”, resaltó.
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