Guadalupe Chávez / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Entró en vigor el decreto que extingue al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Imaip), por lo que se ordena la liquidación de lo que fue esta dependencia estatal. A través de redes sociales, Abraham Montes Magaña, quien fungía como titular del Imaip, oficializó esta transición en el estado, al destacar que el instituto concluye su labor con una calificación promedio esta tal del 99 por ciento en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia. “Ha sido publicado y ha entrado en vigor el decreto que extingue y ordena la liquidación del Instituto Michoacano de Transparencia, esto en términos de lo dispuesto en la reforma a la Constitución Política del Estado de Michoacán en la materia”, resaltó Montes Magaña en la publicación. Asimismo, manifestó que los derechos a la transparencia y protección de datos personales, continuarán vigentes a través del diseño institucional que se señale en las leyes secundarias: “Hoy nos corresponde comenzar la transición hacia un nuevo modelo y diseño institucional para garantizar estos dos derechos tan importantes en nuestro país”. Rememoró que hace casi cuatro años, cuando asumió y tomó protesta ante el Congreso del Estado para dirigir el Imaip, “hicimos el compromiso de pro mover y fomentar la cultura del derecho a saber y del derecho a nuestra privacidad”. “Tuvimos el honor de acompañar y trabajar de la mano de los 272 sujetos obligados de Michoacán: 112 ayuntamientos, un Concejo Mayor, 85 instituciones del Poder Ejecutivo, nueve organismos descentralizados, con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), con ocho organismos autónomos, 11 partidos políticos y con 43 sindicatos de nuestro estado”. Para finalizar, agradeció al personal de la institución “por su compromiso, esfuerzo y trabajo diario. Concluimos con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido”. Cabe recordar que fue el pasado 20 de diciembre de 2024 cuando el Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto en materia de simplificación administrativa, con lo cual se desaparecen siete organismos autónomos: Inai, IFT, Coneval, Cofece, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). El Congreso de la Unión tuvo un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento a éste, salvo lo dispuesto en el artículo Décimo transitorio. De acuerdo con el decreto las adecuaciones legislativas que se realicen deberán considerar la eliminación de los organismos, unidades administrativas o estructuras que representen duplicidad de funciones. Así como la integración de los órganos desconcentrados y descentralizados o unidades administrativas en las dependencias de la administración pública centralizada que puedan asumir su competencia. De esta forma las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) serán asumidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las del Instituto Federal de Telecomunicaciones serán trasladadas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) trasladará sus funciones al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) trasladará sus funciones a la Secretaría Economía (SE); la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) trasladarán sus funciones a la Secretaría de Energía (SE). Mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asumirá las funciones de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). De acuerdo con el séptimo transitorio del presente decreto derechos laborales de las y los servidores públicos serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable. “Los recursos humanos con que cuenten los entes públicos que se extinguen a consecuencia del decreto pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, cuando corresponda”.
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