Más detenidos, ¿menos delitos?

Por: Lorena Cortés

En México, de cada 100 delitos cometidos solo 6.4 se denuncian y de esas denuncias apenas 14 se resuelven, con una cifra negra superior al 90 %. Aun así, México registra una tasa de encarcelamiento de 233 presos por cada 100 000 habitantes, muy por encima de la media global de 140 /100 000 . Con 1 086 presos por cada 100 000 habitantes, El Salvador lidera el ranking mundial. 

Las detenciones más de 21 000 por delitos de alto impacto y los decomisos de toneladas de fentanilo y otras drogas, que se anuncian desde Palacio Nacional sin duda son importantes, muchas de ellas han debilitado a varios grupos del crimen organizado, lo anterior por mucho representa un cambio de estrategía a la permisividad criminal del obradorato. Sin embargo, como bien observa Pedro Peñaloza, esos golpes espectaculares “no han podido dar un golpe a los centros nerviosos de la delincuencia organizada. Se insiste con tozudez la añeja y reciclada práctica de descabezar pero no desarticular. Con ello, lo único que se hace es provocar reacomodos en los grupos e incentivar los escalafones en los circuitos de la criminalidad. Solo eso.” Arrestar sin procesar ni condenar solo genera hacinamiento y falsea la disuasión: si el 93.6 % de las víctimas no denuncia, la amenaza penal pierde su fuerza.

Por más esfuerzos que realice el Secretario Omar García Harfuch, si no se abordan a las  organizaciones criminales como corporaciones que diversifican sus inversiones, corrompen autoridades, cultivan relaciones electorales y articulan narrativas mediáticas propias;  Juan Pablo Becerra lo señala con precisión:

“El crimen organizado en México no es sólo un fenómeno delictivo: es un actor político y económico que desafía la autoridad del Estado. La estrategia de seguridad 2025–2030 acierta en su mirada integral, pero aún no logra articular una respuesta que transforme las condiciones estructurales que permiten la reproducción del crimen.”

Desmantelar ese poder exige algo más que detenciones masivas. Exige que todas las policias, ministerios públicos y jueces esten en la misma dinámica que el secretario Harfuch, sin embargo la eleccion judicial someterá a los tribunales al poder político erosionando la justicia en lugar de fortalecerla.

Hay que recordar que para abordar el fenomeno desde una óptica integral en México se creo el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP-2009) con la reforma constitucional de junio de 2008 para coordinar políticas de prevención, investigación, sanción y reinserción entre federación, estados y municipios. Sin embargo, el SESNSP y sus homólogos estatales —los Secretariados Ejecutivos y los Centros Estatales de Prevención del Delito— se convirtieron en comités de adquisiciones y elefantes blancos.  Hasta que el SNSP y sus contrapartes estatales retomen su mandato original, seguiremos atrapados en un ciclo de contención fragmentada que produce cifras, no seguridad real.

Encarcelameinto masivo a costa de la justicia

Lo ocurrido en El Salvador con la declaración del estado de excepción en marzo de 2022 constituye un encarcelamiento masivo a costa de la justicia. Con 1 086 presos por cada 100 000 habitantes, El Salvador lidera el ranking mundial frente a la tasa global de 140/100 000. En Estados Unidos es de 531, en Canadá 107, en México 233, en Brasil 379 y en Cuba 794. Bajo estado de excepción, el país encarceló a 83 000 personas y redujo su homicidio a 1.9/100 000, pero a costa de detenciones arbitrarias, erosión judicial y denuncias de tortura.

Este “éxito” demuestra que contener con fuerza bruta sin justicia real ofrece solo una “paz artificial”.

En suma, El Salvador ha canjeado la justicia por volumen de reclusos: un encarcelamiento generalizado que, lejos de fortalecer el Estado de derecho, ha socavado las garantías fundamentales y creado una paz frágil, vulnerable al primer cambio político.

La lógica de “más detenciones, menos delitos” se revela como un espejismo: sin justicia efectiva, llenar cárceles solo produce cifras vacías y una paz frágil. La expansión carcelaria corre el riesgo de transformar a la seguridad en un maquillaje de cifras.