Efe / La Voz de Michoacán Tegucigalpa, Honduras. Al menos 338 mil 670 hondureños estaban en 2024 fuera del país en condición de refugiados o solicitantes de asilo, lo que representa un aumento del 12 % en comparación con 2023 y un crecimiento de más de 12 veces en la última década, informó la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Honduras, Kathryn Lo. “Hay un aumento, pero es un aumento leve. Ahorita hay 338.000 hondureños fuera del país que están pidiendo asilo o han sido reconocidos como refugiados”, subrayó Lo en una entrevista con EFE, en el Día Mundial del Refugiado. Del total, 100 mil 969 han sido reconocidos como refugiados y 237 mil 701 están en proceso de solicitud de asilo. Esta cifra representa un incremento del 12 % respecto a 2023 (302.384) y un crecimiento de más de 12 veces en la última década, considerando que en 2015 eran apenas 26.299, según datos de Acnur. En cuanto a los destinos, el 53 % de los hondureños con necesidades de protección internacional se ha dirigido a Estados Unidos, seguido por México (42 %). Otros países receptores incluyen España (3 %), Guatemala (1 %) y Reino Unido (1 %). Causas no han cambiado Lo subrayó que las causas estructurales que empujan a los hondureños a dejar el país «no han cambiado» y mencionó que entre los principales motivos están la extorsión, la violencia de género, el reclutamiento forzado, el despojo de tierras y viviendas, y el control territorial ejercido por el crimen organizado. La representante de Acnur señaló que toda persona que busca protección fuera de su país debe tener acceso al sistema de asilo, ya que es su derecho solicitarlo. “Lo más importante es que tengan acceso al sistema”, enfatizó Lo, quien comentó que, una vez realizada la solicitud de asilo, estás personas necesitan cubrir sus necesidades básicas antes de iniciar un proceso de integración en la comunidad de acogida, el cual, aunque es largo, les permite reconstruir su vida con acceso a servicios esenciales y oportunidades de empleo. Lo reconoció el “gran esfuerzo” del Estado hondureño al implementar la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, aprobada en 2022, aunque aún está pendiente la aprobación de su reglamento. La ley busca abordar las causas estructurales del desplazamiento forzado y ofrecer respuestas integrales a las personas afectadas, según las autoridades. De acuerdo al último estudio presentado en 2019, unas 247.000 personas tuvieron que dejar su hogar de residencia y buscar protección en otra parte del país por razones vinculadas a la violencia causada por grupos armados, pandillas o maras entre 2014 y 2018.
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