Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México realizó el traslado de 60 personas privadas de la libertad a distintos Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESO) ubicados en el interior del país. Esta acción fue coordinada por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en estrecha coordinación con las secretarías de Seguridad de la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro. El operativo tuvo como objetivo preservar condiciones de control en los centros penitenciarios, debido al perfil de las personas privadas de la libertad, relacionadas con diversos delitos que atentan contra la seguridad pública, así como el bienestar de la sociedad. Del total de personas mencionadas, 15 fueron extraídas del CEFERESO No. 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, y concentradas en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde de manera simultánea, arribaron otras 45 personas privadas de la libertad provenientes de centros penitenciarios estatales, como parte de la estrategia de seguridad metropolitana: 20 de la Ciudad de México, 20 del Estado de México y 5 del estado de Querétaro. Las personas privadas de la libertad fueron trasladadas vía aérea hacia nueve Centros Federales de Reinserción Social distribuidos en distintas regiones del país. La seguridad del traslado estuvo a cargo de elementos de la Unidad de Reacción Penitenciaria del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), así como de la Guardia Nacional, quienes actuaron conforme a los protocolos vigentes para garantizar la integridad y el orden durante toda la operación. El operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, en coordinación interinstitucional y con estricto apego a los protocolos establecidos, garantizando en todo momento la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, así como del personal operativo. Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su compromiso con la transformación del sistema penitenciario nacional para garantizar la gobernabilidad, evitar la comisión de delitos y desarticular redes criminales en el interior de los centros penitenciarios.
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