Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito de amicus curiae para sentar un precedente y con ello evitar la reducción de penas a feminicidas. En el marco del Amparo Directo en Revisión 4872/2024, derivado del feminicidio de Jessica González Villaseñor, ambas instituciones apelaron a dicho instrumento jurídico conocido como Amigo de la Corte para aportar argumentos técnicos y de derechos humanos con énfasis en la perspectiva de género y en la protección de las víctimas indirectas. Se busca, también, que la SCJN resuelva a favor de las víctimas indirectas, y esa decisión finque un precedente que evite la reducción de penas en casos de feminicidio. Con ello se fortalecería la sanción de este delito con perspectiva de género y enviaría un mensaje de cero tolerancia a la violencia feminicida con impacto directo en la sociedad michoacana y en todo el país. Jessica González fue víctima de feminicidio en septiembre de 2020. El responsable, Diego Urik Mañón Melgoza, recibió en primera instancia una condena de 50 años de prisión; sin embargo, dicha pena fue reducida a 42 años y 6 meses por un tribunal de alzada. Familiares de la víctima promovieron un amparo que resultó desfavorable, lo que dio origen al recurso de revisión que actualmente analiza la SCJN. El escrito presentado por ambas instituciones sostiene que la reducción de la pena representa un agravio para las víctimas indirectas y constituye una vulneración al derecho de acceso a la justicia. Argumenta que el feminicidio, como fenómeno de alto impacto social, exige sanciones ejemplares y proporcionales al daño ocasionado, además de que la decisión judicial debe enviar un mensaje claro de rechazo a la violencia de género. El documento en cuestión es respaldado tanto por el titular de la FGE, Carlos Torres Piña, así como del presidente de la CEDH, Josué Mejía Pineda. Ambas instituciones refrendan su compromiso de acompañar a las víctimas y de impulsar acciones que fortalezcan el acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes y niñas, reiterando que la lucha contra la violencia de género requiere firmeza en las resoluciones judiciales y en la protección de los derechos humanos.
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