Efe / La Voz de Michoacán Lima, Perú. El presidente de transición de Perú, José Jerí, confirmó este viernes que Betssy Chávez, ex primera ministra del mandatario izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), «no podrá viajar a México» hasta que su gobierno tome una decisión sobre el salvoconducto que debe darle tras el otorgamiento del asilo político por parte del gobierno mexicano. «No nos vamos a pronunciar todavía sobre ello y, en consecuencia, (Chávez) no podrá viajar aún a México», declaró Jerí a periodistas que lo interrogaron por el anuncio de la Cancillería peruana de que planteará a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se modifique la Convención de Caracas de 1954, por considerar que se ha tergiversado el derecho al asilo. Jerí aseguró que coordinó los términos de ese anuncio con su ministro de Exteriores, Hugo de Zela, y que la decisión es no pronunciarse «todavía sobre el tema del salvoconducto». «Conocemos los tratados internacionales, sabemos la obligaciones», remarcó al señalar que Perú aún no toma una decisión definitiva sobre este caso. Añadió que, por ese motivo, De Zela «ha hecho el pronunciamiento sobre el tema de la modificación» de la Convención de Caracas. Jerí remarcó también que su gobierno no tiene «la obligación» de pronunciarse «mañana o pasado» sobre el salvoconducto y que «mientras tanto el efecto práctico es que (Chávez) no puede salir del país». Enfatizó que, en este caso, se tomará «el tiempo que sea pertinente y que el Gobierno de Perú determine» para anunciar una decisión final. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú anunció este viernes en un comunicado que «iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA para llevar adelante» su propuesta sobre la modificación de la Convención de Caracas. Exteriores aseguró que ha efectuado «no solo consultas internas, sino también con expertos juristas de la región» y que «una primera conclusión de ese proceso» es que se ha «producido una evolución negativa» en la práctica internacional del derecho al asilo, al calificarse «a delitos comunes como casos de persecución política». Perú «considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención», remarcó. El Gobierno de Claudia Sheinbaum comunicó el lunes pasado que Chávez se encontraba en su embajada en Lima, tras lo cual Perú anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales, que desde inicios de 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer el país norteamericano la legitimidad de la entonces presidenta peruana Dina Boluarte (2022-2025), quien reemplazó a Castillo. Chávez recibió el asilo diplomático el pasado lunes, en medio del juicio que enfrenta junto a Castillo y otros integrantes de su Gobierno bajo la acusación de rebelión y conspiración, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que el exmandatario dio el 7 de diciembre de 2022.
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