Efe / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Desde el 2010, al menos seis ciudadanos mexicanos desarmados han sido asesinados a tiros en el lado mexicano de la frontera por agentes de la Patrulla Fronteriza desde el lado estadounidense, ante los cuales Estados Unidos se ha negado a proporcionar una reparación judicial, debido a ello familiares de las víctimas buscan ayuda del Gobierno mexicano. «Necesitamos simplemente presión del Gobierno mexicano de cualquier forma», dijeron a EFE Jordee Rodríguez y Nick Shadowen abogados del despacho Hilliard y Shadowen, quienes representan a las seis familias. En una conferencia de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, los abogados acusaron que EE.UU. se ha negado a «rendir cuentas». Según registros de la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 60 organizaciones que aboga por los derechos de los migrantes y la reforma de las políticas fronterizas entre Estados Unidos y México, desde enero de 2010, 351 personas han fallecido como resultado de enfrentamientos con agentes de la CBP. Pero ONG y activistas creen que estas muertes son una «cifra inferior a la real», ya que según un informe de 2020 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) «no dispone de información fiable sobre las muertes y no ha comunicado de forma sistemática al Congreso la información relacionada con las mismas». Sin respuesta Tres de los casos son los de Guillermo Arévalo Pedroza, de 36 años (asesinado en 2012 durante el picnic de cumpleaños de su hija en Nuevo Laredo, Tamaulipas); José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años (asesinado en 2012 mientras caminaba por la calle a pocas cuadras de su casa en Nogales, Sonora), y el de Sergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años (asesinado en 2010 mientras jugaba con sus amigos en Ciudad Juárez, Chihuahua). Rodríguez recordó que en 2020, tras casi una década de litigios, el Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó una demanda civil presentada en nombre de una de estas víctimas (Hernández Güereca) dando inmunidad a los agentes de la Patrulla Fronteriza frente a cualquier acción judicial, con lo que el Tribunal «legalizó» los asesinatos transfronterizos. También señaló que debido a que la Patrulla Fronteriza ha eludido su responsabilidad legal en Estados Unidos, se ha presentado una denuncia ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Los casos Aunque durante estos años las familias de las víctimas han cargado con el dolor de la pérdida y las repuestas negativas de Estados Unidos, siguen en busca de justicia para honrar la memoria de sus seres queridos por lo que visitaron esta semana el Senado mexicano y esperan que el caso sea conocido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Es el caso de Nora Isabel Lam Gallegos, esposa de Guillermo Arévalo Pedraza, asesinado el 3 de septiembre del 2012 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien se hallaba en las cercanías del río Bravo donde festejaron el cumpleaños de sus hijas cuando fue alcanzado por una bala mientras agentes impedían el paso a migrantes que intentaban llegar a EE.UU. «Ellos empezaron a disparar al aire hacia el lado mexicano y le cayó una bala a mi esposo en el pecho. Es muy difícil, pero tratas de llevar el día a día sin estar con tu persona, pero solo queda tomar fuerzas y seguir adelante», dijo a EFE. Para Taide Elena, abuela de José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, recordar el caso «es un tormento y no podemos cerrar nuestro ciclo y tampoco lo queremos cerrar hasta que ya de plano la CIDH y los abogados nos dicen que ya no podemos, pues entonces sí ya nos daremos por vencidos». El joven de 16 años fue asesinado en Nogales, Sonora, cerca de la frontera cuando un agente lanzó disparos tras la barda metálica que divide ambos países porque los agentes fronterizos creyeron escuchar detonaciones en el lado mexicano y José Antonio recibió al menos ocho disparos.
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