Efe / La Voz de Michoacán Lima, Perú. Varios de los acusados en el juicio del intento fallido de golpe de Estado del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) pidieron este martes su absolución en el caso y afirmaron que la Fiscalía ha tratado de armar algo que no se dio, en relación a los delitos de conspiración y rebelión que se les imputa. Durante la audiencia de los alegatos finales, compadecieron Aníbal Torres, el exjefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros y que también fue ex primer ministro, y Willy Huertas, exministro del Interior en ese momento. Torres, para quien la Fiscalía pide quince años de años de prisión, afirmó que el Ministerio Público «ha inventado pruebas» y «no ha podido probar en absoluto» hechos incriminatorios como una reunión entre su persona, Castillo y la ex primera ministra Betssy Chávez, también acusada y que se encuentra asilada en la Embajada de México. El ex primer ministro también dijo que según un peritaje fiscal, el discurso que leyó Castillo el 7 de diciembre de 2022 -en el que mandó cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar temporalmente por decretos- se hizo en la oficina de asesores de Palacio de Gobierno y no en la de asesores a la Presidencia del Consejo de Ministros, donde él trabajaba. Torres, de 82 años, relató que después de la lectura del discurso se quedó «descuadrado» e inmediatamente le preguntó a Castillo si había coordinado con las Fuerzas Armadas y policiales, a lo que le respondió que no se preocupara, y entonces preguntó a los entonces ministros del Interior y Defensa, quienes le comentaron que no sabían nada. «Determiné que no se trataba de un golpe de Estado y por tanto no había delito, pero al haber pronunciado eso estaba contraviniendo la Constitución y, por lo tanto, el Congreso podía someterlo a un proceso, pero el Congreso lo vacó (destituyó) violando la Constitución y su propio reglamento», dijo Torres. El ex alto funcionario pidió al tribunal que lo absuelvan y reiteró que el juicio es «una persecución política en su contra» por parte de la Fiscalía, porque se posiciona a favor de una Asamblea Constituyente. Más tarde, el exministro Huerta reiteró su inocencia y pidió su absolución «por Justicia» al afirmar que «la Fiscalía ha tratado de armar algo que no existió» y que él solo cumplió su deber como ministro del Interior. Huerta también indicó que ha probado que no ordenó cerrar la entrada al Congreso y, por tanto, no hubo ruptura del orden constitucional, así como que Castillo no le ordenó hacerlo, y de ser el caso, no habría cumplido la orden al ser «ilícita». Por su parte, el entonces jefe de la Región Policial de Lima, Manuel Lozada, reiteró que es falso que ordenara el impedimento de entrada de congresistas al Parlamento y agregó que los dos legisladores que afirmaron que no se les permitió el ingreso no pudieron hacerlo por las medidas de seguridad instaladas por las protestas previstas -para horas más tarde- por simpatizantes de Castillo. El tribunal dispuso que los acusados restantes, entre ellos Castillo, den sus alegatos en la audiencia del próximo viernes.
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