EFE / La Voz de MichoacánCiudad de México.- Mujeres víctimas de un intento de feminicidio en México tienen ahora que sobrevivir a un sistema que les obstaculiza la justicia, las revictimiza e intenta acallarlas, desde todo un entramado institucional y social, hasta las estadísticas oficiales y las leyes. Cinco años después de sobrevivir a dos tentativas de feminicidio, Yeritza Bautista, de 38 años, finalmente logró una sentencia contra su expareja en marzo pasado, tras ser obligada a repetir todo el juicio por un amparo que él interpuso. Ayyselet Gutiérrez, de 31 años, acaba de conseguir una ficha de búsqueda para la captura de Julio César Aparicio Montalba, su expareja, quien lleva tres años prófugo tras intentar asesinarla con 27 puñaladas. Ambas viven con secuelas físicas y emocionales, al tiempo que siguen en pie de lucha para obtener justicia por un delito que las estadísticas oficiales mantienen en la sombra. Yeritza sabe que forma parte del 0,04 % de casos de tentativa de feminicidio que logran una sentencia en el país, cifra que descubrió en un taller de la Fiscalía de Ciudad de México, aunque puntualiza que los datos no son públicos. Pese a la condena, Yeri no baja la guardia ante un sistema que "otorga herramientas" a los agresores, como otro amparo que su expareja interpuso en mayo, aún sin resolución. En la víspera del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la joven resume su camino como "una tortura institucional y sistemática" y sostiene que el aparato de justicia está creado "para cansar a las víctimas y obligarlas a desistir". "Tienes que dejar de lado tu vida, si quieres llevar el proceso penal", afirma, al recordar la "tortura" de atravesar el juicio, a la par de múltiples cirugías y rehabilitación. Ayyselet coincide en el desgaste que representa demandar justicia y recapitula que, para lograr la ficha de búsqueda del prófugo, tuvo que acudir a distintas instancias, al menos cada mes, desde el ataque ocurrido en septiembre de 2022 en Ciudad de México. "Un feminicida está libre, está haciendo vida normal, mientras yo tengo que estar presionando autoridades para que le sigan dando esta continuidad a la carpeta", expone. Ahora, su mayor "esperanza" es poder "cerrar este capítulo", por lo que pide el apoyo de la sociedad para denunciar al agresor, pues sabe que su familia lo está ayudando a esconderse. Su batalla legal comenzó cuando la autoridad clasificó el delito como lesiones, lo que su madre logró revertir mientras ella se recuperaba en el hospital, gracias a la asesoría jurídica que recibió del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP). 'Invisibles' para el sistema Verónica Berber y Betzabe López, abogadas de Ayyselet en el IFDP, advierten que es "muy común" que la tentativa de feminicidio se clasifique como lesiones, violencia intrafamiliar o intento de homicidio, entre otros delitos. Además, señalan que las variaciones entre los Códigos Penales estatales dificultan la correcta clasificación, entorpeciendo la justicia para las víctimas. Ante estos vacíos legales, Yeritza, integrante de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio (Renase), trabaja con su colectiva en una propuesta legislativa para endurecer las penas por este delito e incorporar las agravantes, como el uso de armas o la presencia de menores. Así como las secuelas psicológicas que deja en quienes sobreviven, que no se contemplan en la reparación del daño y son "invisibles para el sistema". Su objetivo es comenzar por el estado de Morelos, donde sufrió el primer ataque -aún sin juzgar-, cuando su entonces pareja la golpeó tanto que le destrozó la mandíbula y le arrancó dientes manualmente. Por el segundo ataque, cuando intentó estrangularla, Carlos Enrique fue condenado a 11 años de cárcel, mientras la pena por violencia intrafamiliar es de 9 años. "Las sentencias están desproporcionadas", avisa.
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