Lorena Cortés En Michoacán, la agenda pública del gobierno de Ramírez Bedolla volvió a revelar una desconexión estratégica difícil de maquillar con buenas intenciones. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública impulsa foros de sensibilización sobre el bienestar animal, iniciativa noble, sin duda, pero lo hace desde una institución cuyo mandato central no es pedagógico ni simbólico, es diseñar, coordinar y evaluar la política pública de prevención del delito para proteger el bien jurídico más alto que tutela el Estado la vida humana. Y ahí es donde el discurso tropieza con la realidad, con la realidad que mata. Porque lo que hoy se presenta como “prevención” son más poses para la foto, que una política pública con método, sin diagnóstico riguroso, sin teoría del cambio social, sin procesos de intervención territorial medibles y sin evaluación de impacto. No hay modelo lógico, no hay indicadores de resultado, no hay ruta de transformación del riesgo. Y mientras se escenifica la cultura de paz en los auditorios, Michoacán sigue figurando entre los primeros lugares nacionales en homicidios dolosos, con un impacto brutal sobre las mujeres y jóvenes. A ello se suma otro fenómeno, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos del crimen organizado. Reportes especializados han documentado que México enfrenta una crisis nacional de captación de menores, y Michoacán aparece, de forma reiterada, como uno de los focos rojos del reclutameinto. Hoy, en Michoacán, ser joven implica cruzar diariamente un altísimo umbral de riesgo, el riesgo de desaparecer, de ser asesinado o de ser reclutado por una estructura criminal que ofrece lo que el Estado no garantiza. Como respuesta al brutal asesinato de Carlos Manzo, el gobierno federal se volcó sobre Michoacán con una presencia armada sin precedentes en el territorio, mientras el gobierno estatal insiste en una prevención que, en los hechos, opera más como ficción para la foto que como política pública real, algo que debería ser seriamente cuestionado frente a la crudeza de la realidad. Aquí no está en discusión la importancia del bienestar animal. No es un cuestionameinto contra la empatía. Es sobre la jerarquía de prioridades públicas. En gestión estratégica, como en cualquier modelo serio de administración de riesgos, primero se protege el activo crítico. Y en Michoacán, el activo crítico es hoy la vida de las personas, mujeres asesinadas, jóvenes desaparecidos, menores reclutados, familias desplazadas por el miedo, comercios sometidos por la extorsión. A un mes del asesinato de Carlos Manzo, y con infancias involucradas en dinámicas criminales, resulta inevitable preguntarse si la agenda pública no debería estar anclada con mayor firmeza en la urgencia de proteger a la juventud antes de educarla en abstracto, de rescatar a las niñas antes de pedirles empatía, de garantizar que lleguen vivas a la adultez antes de exigirles que sean ciudadanía ejemplar. Durante el gobierno de Alfredo Ramírez la prevención del delito basada en evidencia nunca fue una prioridad estructural, y ese vacío se cargará en la conciencia histórica de esta administración como una deuda con miles de mujeres víctimas de violencia, con las madres de hijas e hijos desaparecidos, con las madres de niñas víctimas de feminicidio etc, etc.
La Voz de Michoacán
