Redacción / La Voz de Michoacán Michoacán. Minutos después de las 14:00 horas de este lunes comenzaron ser liberadas las distintas vialidades que durante la mañana fueron cerradas como parte de la movilización del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Fueron poco más de 5 horas en los que al menos 6 puntos en distintas partes del estado fueron bloqueados a la circulación en defensa de los derechos de los pueblos originarios. Al respecto el Consejo Supremo informó en sus redes sociales que por acuerdo de la Asamblea General de Autoridades Tradicionales que integran el CSIM, las movilizaciones se realizaron de manera pacífica en defensa los derechos colectivos de las comunidades originarias, por lo que ofrecieron “una gran disculpa al pueblo de Michoacán, pero solo así el Estado mexicano se acuerda que tiene problemas sin resolver con los pueblos indígenas. Las carreteras bloqueadas fueron las siguientes: Cheran-Zamora, en Carapan. Cheran-Uruapan, en Paracho. Morelia-Lázaro Cárdenas, en Taretan. Pátzcuaro-Salvador Escalante, en Santa Clara del Cobre. Morelia-Zacapu, en Santa Fe de la Laguna. Ramal Camelinas, en Morelia. Lo anterior en exigencia a los ayuntamientos de Salvador Escalante y de Quiroga de que respeten al autogobierno de Opopeo y El Calvario, respectivamente, y detener la difusión de información falsa a sus municipios y la creación de grupos de choque. Además piden que se respete y haga valer el derecho humano al agua, por lo que a la CONAGUA le demandan que deje “de criminalizar a la comunidad matlatzinca o pirinda de San Miguel del Monte”, en Morelia, que lucha “incansablemente” por defender sus manantiales de particulares que lucran con el agua y cumpla con los acuerdos firmados del manantial Cienfuegos para la comunidad de Rancho Seco. También demandan justicia, que el gobierno federal “deje de simular”, toda vez que ninguno de los 5 planes de paz o de justicia que existen en la entidad: Michoacán, Lázaro Cárdenas; Purépecha, Mazahua, Otomí y Matlatzinca, así como el Nahua y Afromexicano, han brindado seguridad, paz o justicia para los pueblos originarios, pues “tenemos más de 70 autoridades y comuneros asesinados o desaparecidos por defender a las comunidades y en todos los casos hay una total impunidad. Asimismo, denunciaron que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ha incumplido totalmente con los acuerdos de obra y proyectos para las comunidades de Michoacán, aunado a que la Secretaría del Bienestar federal dejó fuera el año pasado y el presente a 335 comunidades del programa “La Clínica es Nuestra” para Unidades Médicas Rurales. Finalmente, piden que el gobierno de la entidad cumpla los acuerdos firmados con las autoridades tradicionales en materia de seguridad, el campo, transporte público e infraestructura.
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