EFE / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico acusaron este martes falta de transparencia, omisiones y obstáculos procesales en la investigación del accidente ocurrido el pasado 28 de diciembre en el sureste mexicano, que dejó 14 muertos y más de 250 lesionados. En conferencia de prensa en Ciudad de México, Juan Manuel Iglesias López, sobreviviente del siniestro, hizo un llamado a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, para que se garantice «justicia y transparencia» en el caso, en nombre de su esposa y su hijo, quienes también resultaron heridos. El contador de profesión, quien participaba en una misión religiosa con su familia en Oaxaca cuando ocurrió el accidente, afirmó que no habla en representación de posturas políticas, sino como esposo, padre y afectado. «Soy la víctima que una vez más pide a gritos justicia», expresó Iglesias López, quien viajaba en el primer vagón del tren que se descarriló y cayó al precipicio, el 28 de diciembre pasado, en un tramo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La defensa legal denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) no les ha reconocido la calidad de víctimas, lo que les ha impedido acceder a la carpeta de investigación, pese a que la querella por lesiones fue presentada el 5 de enero. Según su abogado, Adrián Arellano, han presentado más de 20 escritos ante distintas autoridades y solo han recibido respuesta de dos de ellas. Arellano señaló que fue hasta la víspera de la conferencia cuando la FGR los citó para el 20 de febrero -lo que atribuyeron a la presión pública- y consideró «poco sensible» que se exija a Juan Manuel viajar desde su natal Ciudad Juárez (norte del país) a la capital (centro) para ratificar trámites lo cual, aseguró, no es requerido por «ninguna ley». Los denunciantes también señalaron que de más de 250 personas lesionadas solo ocho han sido llamadas por las autoridades para reconocer formalmente su calidad de víctimas. Además, cuestionaron que la investigación se haya centrado en el presunto «exceso de velocidad» del tren sin agotar otras líneas como fallas en contratos, mantenimiento o construcción de la vía, pese a observaciones previas de la Auditoría Superior de la Federación. Iglesias López afirmó además que la Comisión de Atención a Víctimas le ofreció un acuerdo de indemnización «condicionado» a firmar documentos sin la revisión de sus abogados, lo que calificó como «inaceptable». «Quiero sentar un precedente, que cualquier ciudadano puede ejercer su derecho a la justicia», dijo, al compararse con «David frente al Goliat de la injusticia». Aunque el sobreviviente expresó que confía en la presidenta y en la directriz de una atención «pronta y expedita», sostuvo que las instancias encargadas no han actuado en consecuencia. La defensa legal, conformada por la firma Vega McGregor Arellano, informó que habilitó en su sitio web una herramienta basada en inteligencia artificial para guiar a posibles víctimas sobre los pasos legales a seguir, como parte de su apuesta por una «transparencia verdadera». Tras la conferencia, Iglesias López y su defensa acudieron a las instalaciones de la FGR en Santa Fe para intentar ser recibidos «como cualquier víctima», y advirtieron que, de ser necesario, llevarán el caso «hasta las instancias que se tengan que llegar», incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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