El Universal/ La Voz de Michoacán No conformes con la gasolina y el diésel que le sustraen a Petróleos Mexicanos (Pemex), los huachicoleros hicieron del robo de gas licuado de petróleo (LP) —el que se vende en cilindros metálicos o que se entrega para tanques estacionarios— otra fuente de ingresos que está creciendo de manera acelerada. A través de perforaciones ilegales en la red de ductos de la empresa petrolera, el crimen organizado está intensificando este delito y domina siete estados de país que se han convertido en su centro de operaciones, fundamentalmente Estado de México y Puebla. Además de esos estados, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz y Tlaxcala padecen este flagelo, de acuerdo con información de la Dirección Jurídica y la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex. La información proporcionada a través de la Plataforma de Transparencia con fecha del 1 de agosto de este año, indica que entre 2012 y 2017 el crimen organizado aumentó el número de tomas clandestinas para extraer este carburante en 133%. En 2012, cuando hizo su aparición este delito, el crimen organizado inmediatamente extendió sus tentáculos en ocho entidades del país realizando 71 tomas clandestinas para extraer gas LP: 38 fueron ejecutadas en el Estado de México; 11 en Hidalgo; ocho en Jalisco; cuatro en Querétaro; cuatro más en Veracruz; tres en Puebla; dos en Guanajuato, y una más en Tabasco. Para 2017, de acuerdo con la documentación oficial, el número de tomas clandestinas de gas LP aumentó a 166, concentrándose en: Puebla, con 61, que pasó a ocupar el primer lugar como entidad afectada; le sigue el Estado de México, con 44; Querétaro, con 42; Tlaxcala, con siete; Guanajuato, con siete; Veracruz, con cuatro, e Hidalgo, una.
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