Karla Teresa Piña Martínez colaboradora de La Voz de Michoacán El fuero constitucional en nuestro país es una figura jurídica que tiene su origen en la tradición parlamentaria vinculada a la inmunidad procesal de ciertos servidores públicos, aunque para algunos no dejan de ser ciertos privilegios que desde la antigüedad se les otorgaba a señores feudales o a grupos específicos de poder. Esta figura es muy antigua, en la Edad Media el fuero era un privilegio otorgado por los reyes, durante la modernización jurídica en Europa el concepto de fuero pasó a ser un privilegio del autogobierno local a una protección jurídica para funcionarios públicos. Esta inmunidad procesal comenzó hacer aplicada a legisladores y funcionarios de gobierno, en el siglo XIX, el fuero se asoció con la inmunidad parlamentaria, protegiendo a los legisladores de juicios o arrestos por acciones relacionadas con su cargo. El fuero en México es una inmunidad procesal consagrada en la Constitución, mecanismo que protege a ciertos funcionarios de ser procesados judicialmente sin procedimiento especial para ello, regulado en los artículos 61, 108, 109 y 111 del propio cuerpo normativo. En nuestro país existen dos tipos de protección constitucional: la primera contenida en el artículo 61 de la Constitución, que hace referencia a la inviolabilidad de las opiniones de los legisladores, siendo esta figura una herencia del proceso de democratización europea de siglos anteriores, en donde se garantizaba la libertad de expresión a los miembros del parlamento, ahora esta se extiende a la sede del poder legislativo a través de la Ley Orgánica del Congreso, que indica que cualquier fuerza pública está impedida a acceder a la sede de las cámaras sin el permiso de su presidencia. La segunda protección es la inmunidad procesal, la cual abarca funcionarios públicos mencionados en el artículo 111 de la Constitución, quienes no podrán ser detenidos ni sujetos a una acción penal sin una declaración previa por parte de la Cámara de Diputados. Esta inmunidad distingue a tres tipos de funcionarios públicos: los federales, los locales y al presidente de la República. El alcance del fuero aplica a diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, consejeros del Tribunal de Disciplina Judicial, secretarios de Estado, fiscal general, consejeros del INE, entre otros. La inmunidad no implica que estos funcionarios estén exentos de responsabilidad penal, sino que se requiere un procedimiento especial para iniciar el proceso en su contra. Este procedimiento se llama de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos como "declaración de procedencia" y se realiza a través de un voto de la Cámara de Diputados, donde se decide si se puede proceder legalmente contra el funcionario. Sin embargo, con el tiempo la figura del fuero se ha extendido a otros funcionarios y se ha politizado, lo que implica que el mecanismo se usa menos como protección de funciones y más como un escudo institucional para retrasar la acción de la justicia. Este uso político genera que la protección de los funcionarios públicos ante posibles persecuciones judiciales no esté ligada a su función específica, sino a su interés personal de evitar la responsabilidad penal. La relación entre inmunidad procesal e impunidad se debe a que el fuero puede convertirse en una traba temporal o permanente para que la justicia llegue a quienes ejercen el poder. Muchos casos se atascan no por falta de pruebas, sino por el propio trámite político de desafuero o por acuerdos partidistas. Además de que el fuero contradice principios constitucionales básicos, como la igualdad ante la ley y la rendición de cuentas, puesto que les da a ciertos funcionarios protecciones que no existen para el ciudadano común, lo que crea una brecha en el acceso a la justicia. En Alemania, los miembros del parlamento disfrutan de inmunidad únicamente por sus opiniones y votos dentro de su ejercicio legislativo. Sin embargo, esta inmunidad no cubre actos fuera de sus funciones. Así mismo, en el Reino Unido, el sistema parlamentario no otorga inmunidad penal a los miembros del parlamento. Los legisladores pueden ser procesados por delitos comunes sin ninguna protección especial por el hecho de ser funcionarios, aunque sus debates y votos en el Parlamento están protegidos por la inmunidad parlamentaria. Es decir, si cometen un delito fuera de sus funciones legislativas, pueden ser detenidos y procesados sin necesidad de un procedimiento legislativo como el que existe en México. En nuestro país, desde el 2018 han existido ciertos intentos para la modificación o eliminación del fuero. No obstante, las propuestas no han prosperado, y los debates han mostrado resistencia política a cambios profundos. En algunos casos, se advierte que la sola eliminación del fuero no garantiza justicia si el sistema penal judicial sigue siendo débil, por lo que también es necesario fortalecer a las instituciones ya que existen casos públicos recientes que han demostrado como se usa el fuero para proteger políticamente a ciertos individuos, lo que alimenta la percepción de falta de transparencia y de justicia en México.
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