Arved Alcántara / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Michoacán cumplirá en julio una década de existencia jurídica en un escenario de parálisis técnica y administrativa, con magros avances sobre el escenario que la originó en 2016 y el evidente olvido institucional ante la extinción del organismo que le dio origen y marcaba su seguimiento. Este mecanismo, diseñado como una estrategia de emergencia para enfrentar la violencia feminicida, se mantiene en aparente vigencia en 14 municipios del estado sin que existan registros oficiales de seguimiento técnico posteriores al año 2024, coincidiendo con la desaparición orgánica de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) como ente independiente, cuyas funciones de evaluación fueron -en teoría- absorbidas por la estructura central de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de las Mujeres a nivel federal. Casandra, la paciencia agotada El origen de la declaratoria se remonta al 27 de junio de 2016. La Secretaría de Gobernación notificó al Poder Ejecutivo de Michoacán la activación de la alerta para los municipios de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Huetamo, Hidalgo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío. El proceso fue la conclusión una solicitud ciudadana, motivada por la documentación de violaciones graves a los derechos humanos y la persistencia de un contexto de violencia letal en diversas regiones de la entidad. Casandra era una estudiante de enfermería en Uruapan cuyo asesinato en 2014 marcó el inicio de la exigencia formal de la Alerta de Violencia de Género en Michoacán. Tras una serie de desafortunadas declaraciones de la Procuraduría sobre el tema, el cuerpo de la joven fue localizado en una zona de matorrales a la salida de dicho municipio, tras haber permanecido expuesto a la intemperie durante varios días. La revisión de la carpeta de investigación permitió identificar lesiones de extrema violencia, consistentes en un corte quirúrgico muy fino que se extendía desde la clavícula derecha y el desollamiento total del rostro. Los instrumentos probables del crimen fueron un bisturí o una navaja sumamente afilada, similar a las utilizadas profesionalmente para el corte del aguacate. La organización Humanas sin Violencia, que posteriormente solicitó la AVGM, documentó que el estado del cuerpo y la saña del ataque dificultaron las labores forenses debido a la acción de la fauna local. No se trataba de un incidente aislado para ese momento, sino que estaba inserto en un contexto de violencia generalizada en Michoacán, todo esto en un periodo donde las instituciones de procuración de justicia todavía no diferenciaban técnicamente entre feminicidio y homicidio doloso, lo que contribuía a la invisibilización de la violencia específica contra las mujeres. “Muchos casos que entonces documentaron no los consideraron como feminicidio sino como homicidio doloso por varios factores, entre ellos, la presencia del crimen organizado”, refirió en su momento Circe López Riofrío, presidenta de Humanas sin Violencia. La brutalidad del caso de Casandra fue el botón de muestra que evidenciaba que el sistema de justicia ordinario estaba rebasado por el contexto de la guerra contra el narcotráfico y el surgimiento de los grupos de autodefensa en la entidad. Pocos avances hasta 2021 El análisis de la plataforma Data Cívica revela que, tras la declaratoria oficial de la alerta en 2016 para 14 municipios, los indicadores de violencia letal no disminuyeron. Por el contrario, entre el inicio del mecanismo y el año 2021, los asesinatos de mujeres en Michoacán se incrementaron en un 94%. Esta cifra superó el aumento registrado en los homicidios de hombres, que fue del 72% en el mismo periodo. Los datos, de acuerdo con el análisis de Data Cívica, sugieren que la alerta no logró modificar la tendencia de la violencia feminicida en el estado, manteniendo niveles críticos de agresiones físicas que no fueron contenidos por las medidas de emergencia. Durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla se ha presumido la baja en la incidencia de asesinatos en general, y en particular de los homicidios, si bien diversas colectivas han argumentado que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene un pobre acercamiento a la perspectiva de género, debido a que pese a que la misma dependencia ha reconocido que en el 90% de los casos de mujeres asesinadas el victimario es su pareja o un familiar cercano, apenas el 10% de sus homicidios se investiga como feminicidio, lo que ha sido calificado como una estrategia para bajar las cifras de este delito que alcanzó su pico entre 2020 y 2021. Desaparece Conavim, ¿desaparece el seguimiento? Pero no hubo tiempo para más. La estructura administrativa que sustentaba el seguimiento de estas metas se transformó mediante el decreto del 7 de febrero de 2024, el cual dispuso la extinción de la comisión evaluadora original. A partir de esa fecha, la vigilancia de la alerta pasó a una suerte de limbo y, si bien todavía se presentó un último informe de seguimiento en diciembre de 2024, esta transición administrativa resultó en una ausencia de nuevos dictámenes de evaluación técnica para los ejercicios 2025 y el inicio de 2026. El último documento oficial de carácter público vinculado a la alerta en Michoacán es el informe final del proyecto SISDMM/027, fechado en diciembre de 2024. Este archivo detalla las denominadas acciones de coadyuvancia operadas con recursos del programa E015. El reporte se centra en la ejecución administrativa de tareas de intervención territorial, tales como la instalación de 95 comités ciudadanos de vigilancia y la capacitación de 14 enlaces municipales. Las acciones documentadas en este cierre administrativo de 2024 incluyen la recuperación física de espacios en colonias con alta incidencia delictiva. En el municipio de Morelia, las actividades se limitaron a la limpieza de maleza y talleres en la colonia Ciudad Jardín. En Pátzcuaro y Zitácuaro, el informe reporta la creación de murales comunitarios y sesiones de sensibilización sobre conceptos generales de género. El documento recomienda aumentar la cantidad de personal en territorio y mejorar el manejo de archivos digitales, pero no contiene una medición sobre la efectividad de estas labores en la reducción de los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto en contra de las mujeres. La disparidad entre las obligaciones del protocolo de 2016 y los reportes de 2024 hace ver un desplazamiento del mecanismo antiviolencia hacia la gestión de presupuestos. Así, en tanto que que la alerta exigía indicadores sustantivos de justicia y seguridad, los registros finales disponibles se centran en la justificación contable de proyectos de corta duración y que parecen poco conectados con la finalidad. El informe de diciembre de 2024 certifica el cumplimiento de metas de asistencia y la realización de reuniones con instancias municipales, sin establecer una conexión de estas “medidas” con el abatimiento de la impunidad en los municipios alertados. Para a inicios de marzo de 2026, y en el marco del 8M, la alerta de Michoacán carece de minutas de sesiones del Grupo de Trabajo que acrediten una revisión sistemática de sus 21 medidas en el último año. Los portales institucionales del gobierno estatal mantienen información sobre programas generales de atención a la violencia, pero el seguimiento específico del mecanismo no se ha actualizado en un año en las distintas plataformas de transparencia y repositorio, a lo que se suma la falta de nuevas menciones al Alerta desde el discurso oficial. La ausencia de estos registros impide verificar si en Michoacán la declaratoria de 2016 ha quedado reducida a una formalidad jurídica sin operatividad real. A una década de distancia, la falta de seguimiento y la extinción de las instancias evaluadoras originales dejan en la incertidumbre el cumplimiento de las medidas de justicia que originalmente buscaba que no se volvieran a repetir crímenes como el de Casandra. ‘Necesario, actualizar el protocolo’ Alejandra Anguiano González, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, señaló en agosto de 2024 que la Alerta de Violencia de Género en Michoacán requería “una actualización para adecuarse a las circunstancias actuales de la entidad”, que respondiera a la realidad actual del territorio, en lugar de mantenerse bajo los criterios establecidos originalmente en 2016. Según la funcionaria, esta propuesta era, más que nada, debido a la la importancia de fortalecer la prevención de la violencia sexual y feminicida, al ser identificadas como la antesala directa del feminicidio en el estado y las nuevas condiciones de la problemática en Michoacán. Respecto a la posibilidad de incluir o excluir municipios de la declaratoria, Anguiano González calificó el proceso como “complejo”, argumentando que se debe estudiar a fondo el contexto particular de las mujeres en cada localidad. Aunque titular de la Seimujer reportó presuntos avances en la disminución de la violencia de género, sostuvo que estos resultados no permiten relajar los esfuerzos institucionales.
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