Lorena Cortés Indigna, y con razón, el asesinato atroz de dos maestras en Lázaro Cárdenas a manos de un adolescente de 15 años. Nada puede relativizar un crimen así ni disminuir el dolor de las víctimas y sus familias. Pero justamente por la gravedad del hecho, Michoacán no puede permitirse otro error de diagnóstico. Como ha planteado José Manuel Valenzuela, investigador que acuño el termino juvenicidio como una categoría para entender cómo una parte de las juventudes ha sido empujada a condiciones de precarización, abandono y exposición sistemática a violencias que el Estado no supo prevenir ni contener. Y es que la violencia juvenil no empieza en el disparo ni termina en la sentencia. Empieza mucho antes, en trayectorias marcadas por deterioro familiar, fragilidad escolar, abandono psicoemocional, acceso a armas, normalización del miedo y erosión comunitaria. Pero el juvenicidio también exhibe otra pobreza, la del poder público cuando ya no tiene ideas para pensar a las juventudes fuera del castigo. Y cuando se vacía el pensamiento, suele llenarse el escenario de reflejos punitivos. Castigar más para pensar menos, esa vieja tentación del poder cuando ya no sabe gobernar. Por eso inquieta tanto que, frente a una tragedia de esta magnitud, la respuesta anunciada por el gobernador Bedolla sea impulsar una iniciativa para que adolescentes que cometan delitos graves sean juzgados como adultos. La propuesta busca endurecer el tratamiento penal de menores involucrados en delitos de alto impacto, distinguiendo entre faltas menores y actos cometidos con saña y premeditación. Pero el problema no es solo jurídico, es de visión pública. Cuando un gobierno responde a una crisis juvenil con más castigo y menos comprensión estructural, no está construyendo una política de Estado, está recurriendo al populismo penal, esa fórmula siempre disponible para simular firmeza donde antes hubo omisión. El caso de Osmer estremeció al país con toda razón. Pero una democracia seria tendría que preguntarse no solo cuánto castigo cabe al final, sino cómo llegó un adolescente a ese punto, con qué señales previas, con qué vacíos institucionales, con qué accesos, con qué negligencias acumuladas. Juzgar como adultos a adolescentes que cometen delitos graves no solo es jurídicamente cuestionable, sino intelectualmente regresivo. Parte de la ficción de que el problema central es la debilidad de la pena, cuando el problema de fondo ha sido la producción histórica de juventudes vulnerables, precarizadas y expuestas. Es la ilusión de que un Estado que no llegó a tiempo puede recuperar autoridad llegando más duro. Además, la propuesta desconoce el sentido mismo del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Desde la reforma al artículo 18 constitucional, ese modelo se construyó para abandonar visiones punitivas elementales y reconocer a las y los adolescentes como sujetos de derecho, con autonomía progresiva y responsabilidad diferenciada. No nació para garantizar impunidad, sino para equilibrar responsabilidad, derechos y reintegración. El problema es que el sistema sí tiene vacíos que deben reformarse, entre ellos la falta de seguimiento efectivo cuando se cumplen los plazos de internamiento. Muchos adolescentes egresan sin una red institucional que contenga su retorno y quedan expuestos otra vez al reclutamiento criminal, a las adicciones, a la violencia familiar o a sus propios quebrantos psicosociales. Por eso, el debate serio no tendría que ser cómo tratarlos como adultos, sino cómo impedir que el Estado los reciba tarde y los suelte peor. Cuando un gobierno no comprende la complejidad de las juventudes, sus fracturas, sus riesgos y sus horizontes rotos, suele refugiarse en la salida más elemental, endurecer penas para simular mando. Pero esa severidad de escaparate no revela inteligencia política, revela algo más incómodo, la desesperación de un poder que no supo leer la realidad y ahora intenta compensar su vacío con ruido punitivo.
La Voz de Michoacán
