Ashley Rodríguez / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. - Sobre el caso de los policías de Ecuandureo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que los implicados "deben volver a ser puestos en prisión", al tiempo que confirmó la suspensión por 15 días del juez que llevó el proceso, para determinar posibles irregularidades. “El juez está suspendido 15 días y se va a investigar. Cero impunidad”. El gobernador indicó que será el órgano de control del Poder Judicial, a través del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el encargado de analizar el caso y determinar si es necesario tomar otras medidas. "Valorará las pruebas: si con la suspensión de 15 días es suficiente, o una suspensión mayor, o una capacitación al juez, o si realmente cometió alguna irregularidad" Ramírez Bedolla enfatizó que su gobierno mantiene una política firme en contra de la impunidad y defendió los avances en la materia en el estado. “Michoacán hoy en día es el estado que más combate la impunidad a nivel nacional”. Asimismo, subrayó que este tipo de situaciones generan inconformidad incluso a nivel personal. “Por eso cuando ocurre esto, pues hasta yo me enojo… hasta yo me molesto”. Caso Ecuandureo El Poder Judicial de Michoacán revocó la resolución que había permitido la liberación bajo suspensión condicional del proceso de 11 policías municipales de Ecuandureo, ordenando que los imputados sean reconducidos a proceso. La magistratura determinó procedente la apelación de la Fiscalía, por lo que instruyó que un juez distinto convoque a audiencia en un plazo de 48 horas para definir nuevas medidas cautelares. Además, se inició una investigación contra el juez que otorgó la medida, por una posible falta administrativa, lo que derivó en su suspensión como medida cautelar mientras se integra el caso. Los 11 elementos fueron detenidos tras ser señalados de presuntamente realizar labores de halconeo para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informando sobre movimientos de fuerzas de seguridad y portando insignias del grupo criminal. El caso generó controversia luego de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, calificara la liberación como un acto grave, "Yo estoy muy molesto por la liberación, de manera corrupta. Espero que pronto el Supremo Tribunal tome cartas en el asunto, que se investigue este juez, porque Michoacán ya no tolera más corrupción, ni más impunidad”.
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