Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Especialistas y familiares de personas desaparecidas advirtieron que la respuesta del Gobierno mexicano al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU no solo "minimiza" la crisis, sino que puede obstaculizar la ayuda internacional para enfrentarla, en un contexto de impunidad persistente, fallas institucionales y cerca de 80,000 cuerpos humanos sin identificar. Santiago Corcuera, exintegrante del CED de la ONU, explicó que la decisión del Comité de escalar el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas responde a un deterioro sostenido de la situación de desapariciones en el país. Corcuera recordó que el Comité concluyó que, tras documentar el fenómeno desde 2012 y pese a los avances normativos, "los resultados en la aplicación” de las leyes han sido "efímeros o muy limitados", mientras "las desapariciones siguen en aumento a un ritmo sostenido y muy alarmante". México supera las 133,000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950. A este panorama, se suma una crisis forense al alza, con alrededor de 80,000 cuerpos sin identificar y un contexto de "impunidad absoluta", en el que los avances legales no se han traducido en resultados concretos, señaló Corcuera, durante la conferencia 'Desaparecidos en México: memoria, verdad y exigencia de justicia'. "Los avances no han provocado una reducción en la incidencia de las desapariciones, no ha habido una mejoría en la identificación de cuerpos, (ni) sentencias condenatorias(...) ni han implementado recomendaciones sobre una política de prevención", advirtió. Ante este panorama, especialistas señalaron que el Comité ha advertido indicios de que en México podrían estarse cometiendo "crímenes de lesa humanidad", lo que el Gobierno mexicano calificó como una opinión "sesgada". Desde la experiencia de las familias, Javier Piña denunció que la búsqueda de personas desaparecidas puede costar la vida, como le ocurrió a su hijo Javier Barajas, quien fue asesinado mientras buscaba a su hermana Guadalupe, desaparecida en 2020 en el estado de Guanajuato. "Fue asesinado por eso, por buscar. Por eso digo que buscar a un familiar no debería costarnos la vida”, relató Piña. Su esposa, María Tránsito Barajas, denunció además omisiones institucionales, revictimización, opacidad en la información y falta de "voluntad" de las autoridades para realizar las labores de búsqueda. Andrea Horcasitas, académica de la Universidad Iberoamericana, advirtió que "descalificar" el diagnóstico del Comité, basado en testimonios de víctimas, prolonga la incertidumbre de las familias. “Continuar en la disputa por el diagnóstico retrasa la posibilidad de llegar a un acuerdo para que pueda llegar ayuda internacional al país, que ofrezcan herramientas técnicas y financiamiento para atender una crisis que tiene la dimensión de países bélicos”, expuso. Humberto Guerrero, de Fundar, calificó como "insensible" la respuesta del Estado mexicano, al rechazar diagnóstico del Comité con mensajes oficiales que minimizan la crisis y crean una narrativa que distorsiona la realidad de las personas desaparecidas. Ante la visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, prevista la próxima semana, los participantes coincidieron en la necesidad de que el representante internacional haga un llamado a México a cumplir las recomendaciones del organismo. "Solo sabremos si México ya pasó el examen cuando personas como María o Javier tengan una experiencia distinta de la justicia", concluyó Guerrero.
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