El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Enrique Inzunza Cazarez, senador de Morena, además de otros 8 funcionarios o exfuncionarios estatales, fueron acusados formalmente por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa y por delitos de tráfico de drogas y conexos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado de Sinaloa, incluido el actual gobernador, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla", apuntó el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado. El Cártel de Sinaloa fue designado como grupo terrorista por autoridades de Estados Unidos el año pasado, al igual que otros cárteles mexicanos. La acusación formal incluye al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como al senador Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez (alias ‘Cholo’), Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito (alias ‘Tornado’), Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán (alias ‘Juanito’), todos señalados por delitos de tráfico de drogas y armas. Presuntos delitos de Rubén Rocha La acusación de Estados Unidos señala que Rubén Rocha y el resto de funcionarios participaron en una conspiración “corrupta y violenta” con el Cártel de Sinaloa, con el fin de importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Según EEUU, los funcionarios protegieron a líderes del Cártel de Sinaloa de ser investigados, arrestados y enjuiciados; además, presuntamente habrían entregado información confidencial de seguridad y del Ejército al cártel para facilitar sus actividades delictivas. Asimismo, el reporte de EU señala que los funcionarios ordenaron a policías estatales y municipales para que protegieran los cargamentos de drogas que son almacenados en México y trasladados a Estados Unidos. El gobernador Rubén Rocha Moya es acusado en Estados Unidos con los cargos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Por esos delitos podría enfrentar una pena de cadena perpetua o hasta 40 años de prisión. Rubén Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa Según el Departamento de Justicia, Rubén Rocha fue elegido como gobernador en Sinaloa luego de que presuntamente Los Chapitos lo ayudaran a ser elegido, mediante el secuestro e intimidación de sus rivales. “A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos”, apuntó. Ya como gobernador, Rubén Rocha habría permitido que Los Chapitos operaran en Sinaloa con impunidad, a cambio de “cuantiosos sobornos relacionados con el narcotráfico”. El Departamento de Justicia afirma que Rubén Rocha y otros agentes acusados han abusado de su autoridad en beneficio del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. “Como gobernador de Sinaloa, y tal y como prometió antes de su elección, Rocha Moya se ha asegurado desde entonces de que los Chapitos hayan podido consolidar y ejercer un control casi total sobre las autoridades del orden público estatales y locales de Sinaloa, incluidas la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de 20 Sinaloa, la Policía Estatal de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán”, apuntó la acusación formal. Los otros implicados Además del gobernador, hay 9 servidores públicos de Sinaloa que también son requeridos por la justicia estadounidense: un senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, el exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa, un fiscal adjunto o subprocurador de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, un exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, un exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía, el exsecretario de Seguridad Pública y excomandante de la 25 Zona Militar, el exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, el alcalde de Culiacán y un excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Enrique Díaz Vega, extitular de Finanzas Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, es señalado por Estados Unidos en una investigación de narcotráfico junto a Rocha Moya. Enrique Díaz Vega inició su carrera en el ámbito empresarial de Culiacán, donde se desempeñó principalmente en el ramo inmobiliario y de la construcción. Su presencia en el sector privado le permitió establecer vínculos que más tarde facilitaron su transición hacia la administración pública. El 1 de noviembre de 2021 fue designado como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa, una de las dependencias estratégicas del gobierno estatal. Desde esa posición se coordinaba la gestión presupuestal, el control de la deuda pública, la asignación de recursos a las distintas dependencias, las licitaciones y contratos, así como el pago a proveedores y la nómina estatal. Su papel fue central en la presentación de los paquetes económicos ante el Congreso del Estado, enmarcados en la política de disciplina financiera que caracterizó a la administración durante ese periodo. Entre 2021 y 2024, Díaz Vega estuvo al frente de la administración de los recursos públicos del estado. Durante su gestión se implementaron medidas de control presupuestal y se mantuvo la narrativa de austeridad en el manejo de las finanzas. En febrero de 2024 presentó su renuncia al cargo, decisión que se comunicó como un paso para retomar actividades en el sector privado. Tras su salida, Joaquín Landeros Güicho fue nombrado como nuevo titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la PDI de la Fiscalía estatal Marco Antonio Almanza Avilés colaboró durante 30 años en la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa. Inició realizando labores de investigación y, tras 14 años, fue ascendido a comandante; posteriormente, en 2010, asumió el cargo de Coordinador de Investigaciones. Marco Antonio Almanza Avilés es investigado por el fiscal federal de Nueva York, Jay Clayton, por su presunta participación en una red de protección al narcotráfico. Marco Antonio Almanza Avilés rindió protesta como comisario general de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa en 2019, durante un evento con autoridades de Seguridad Pública estatal. Aspiró a la Fiscalía de Sinaloa en 2024, destacando su trayectoria y su compromiso de trabajar con colectivos de búsqueda. Marco Antonio Almanza Avilés cuenta con una amplia trayectoria dentro del sistema de justicia de Sinaloa. Desde 1991 fue agente adscrito a la Dirección de Policía Judicial del Estado. Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa Dámaso Castro Saavedra es abogado con más de veinte años de experiencia en procuración de justicia. Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa entre 1990 y 1995 y posteriormente cursó la maestría en Ciencias Jurídico-Penales en la misma institución (2006–2009), con titulación pendiente. Trabajó como abogado postulante en materia penal y en 1998 ingresó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa como agente auxiliar del Ministerio Público. Entre 1999 y 2003 se desempeñó en Navolato, donde llegó a ser encargado del despacho por ministerio de ley en ausencia de titulares. Durante las décadas de 2000 y 2010 ocupó diversos cargos como agente titular en agencias del Ministerio Público en Culiacán y Navolato, además de la Dirección de Averiguaciones Previas. Más adelante fue asignado a agencias especializadas en flagrancia y detenidos, y posteriormente a la Subprocuraduría General de Justicia Zona Centro. Con la llegada del sistema penal acusatorio, asumió la jefatura de la Unidad Penal especializada en delitos patrimoniales en la región Centro-Norte, participando en la transición hacia los juicios orales. En años recientes, Castro Saavedra ascendió a vicefiscal del Estado de Sinaloa y, tras la salida del fiscal general, quedó como encargado del despacho de la Fiscalía General. Su nombre fue incluido en la terna enviada al Congreso local para definir al nuevo titular de la Fiscalía, junto con Mónica Cecilia Luna Barrientos y Claudia Zulema Sánchez Kondo, siendo esta última la actual titular de la dependencia. Gerardo Mérida Sánchez, extitular de Seguridad Pública estatal El general Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñó como comandante de la 25 Zona Militar con sede en Puebla, se encuentra entre las personas que están siendo investigadas por autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Mérida Sánchez, quien posteriormente fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa (cargo que ocupó entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024), es acusado por autoridades estadounidenses de haber recibido sobornos a cambio de protección a dicha organización criminal, dedicada principalmente al tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense. Según documentos de la fiscalía federal de EE.UU., se le imputan delitos relacionados con narcotráfico y corrupción. José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito es exsubdirector de la Policía Estatal. También ha sido mencionado previamente con rango de capitán en eventos oficiales relacionados con graduaciones de nuevos elementos policiacos en la entidad. Se ha desempeñado en el ámbito de seguridad, destacando cargos como subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa. Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán Juan Valenzuela Millán, también conocido como ‘Juanito’, pasó de ser comandante de la policía en Culiacán a colaborar con la facción criminal de Los Chapitos, según revela una acusación formal del Distrito Sur de Nueva York. Fiscales estadounidenses lo acusan directamente del secuestro, tortura y asesinato de una persona identificada como colaborador o informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) y sus familiares. Valenzuela Millán se desempeñó como comandante de la Policía Municipal de Culiacán, cargo que ocupó de 2018 a 2024, al mismo tiempo que operaba para el Cártel de Sinaloa. Investigaciones periodísticas ya lo perfilaban como parte de la red de Los Valenzuela, un grupo criminal vinculado al tráfico de drogas y armas que, pese a colaborar en ocasiones, también ha protagonizado enfrentamientos con Los Chapitos. Según la acusación, Millán recibió sobornos mensuales de aproximadamente 41 mil dólares de los hijos de ‘El Chapo’, para ser distribuidos entre él y otros oficiales corruptos de su fuerza policial. A cambio, les habría dado acceso ilimitado a la inteligencia, operaciones y recursos de la Policía Municipal de Culiacán, incluyendo patrullas y radios policiales, para apoyar las operaciones de tráfico de drogas. También se le acusa de ordenar a los oficiales de la Policía Municipal recoger y transportar narcóticos, incluyendo fentanilo y metanfetamina, de laboratorios en nombre de Los Chapitos, con destino a los Estados Unidos. En una de las acusaciones más graves, el expediente judicial detalla que en octubre de 2023, ‘Juanito’ participó en el secuestro, tortura y asesinato de Alexander Meza León, informante confidencial de la DEA, así como de sus familiares, incluido un niño de 13 años. Lo anterior, en represalia por la cooperación de Meza León con la agencia antidrogas. El documento alega que, bajo el mando de Millán, oficiales municipales en una patrulla detuvieron y secuestraron al informante y a uno de sus parientes, entregándolos a sicarios del Cártel de Sinaloa, quienes los torturaron y mataron. Millán también habría instruido a sus oficiales para que realizaran vigilancia y detuvieran a otros civiles a punta de pistola tras la orden de los Chapitos de encontrar y aprehender a otras víctimas relacionadas con él. A Valenzuela Millán se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte. Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena Entre las personas señaladas formalmente por el Gobierno de EEUU está Enrique Inzunza Cazarez, senador de Morena por Sinaloa, quien formará parte de la próxima Comisión Permanente cuando el Congreso de la Unión entre en receso. En su cuenta de X, el legislador ligó los cargos del Departamento de Justicia con su posición en contra de la participación de EU en operativos de seguridad en México. “Hoy, casualmente, autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas”, aseveró. En sus primeros años de carrera, de 1993 a 1996, trabajó como bibliotecario adscrito a la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su experiencia en la administración pública incluye el periodo de 1999 a 2001 como asesor de la Unidad de Estudios Constitucionales y Legislativos de la Secretaría General de Sinaloa. Asimismo, de 1996 a 1999 fue coordinador de Investigación Jurídica del Instituto de Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia. Entre 2008 y 2010 se desempeñó como magistrado adscrito a la Magistratura III del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Antes, de 2001 a 2008, fue director del Instituto de Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia. Enrique Inzunza Cázarez ocupó el cargo de magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. En 2015, fue magistrado adscrito a la Magistratura III del mismo tribunal. Enrique Inzunza Cázarez, quien fue secretario general de la administración de Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, llegó al Senado como candidato de Morena en la elección de 2024. “No es una aspiración personal, sino que se inscribe en buscar fortalecer un proyecto de Estado para revertir muchas décadas de gobierno que hirieron”, dijo en octubre de 2023 sobre su candidatura. Enrique Inzunza Cázarez integró la fórmula de Morena para el Senado junto con Imelda Castro Castro. Ganaron la elección con una diferencia de más de 300 mil votos contra los candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD. De acuerdo con información del Congreso, Enrique Inzunza Cázarez es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, y también es integrantes de las comisiones de Defensa Nacional, Justicia, Jurisdiccional, Derechos Humanos y Gobernación. Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la PDI de la Fiscalía de Sinaloa De acuerdo con la acusación de Estados Unidos, Contreras Núñez presuntamente recibió sobornos de narcotraficantes cuando se desempeñaba como Jefe de la Policía de Investigación de Sinaloa. Alberto Jorge Contreras Núñez estudió la licenciatura en Criminalística en el Instituto Estatal De Ciencias Penales y Seguridad Pública de 1999 a 2003. Además, cursó la licenciatura en Derecho en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán El alcalde de Culiacán fue emanado de las filas de Morena. Foto: Facebook El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a diez funcionarios mexicanos de Sinaloa por presuntos vínculos con Los Chapitos, entre los que se encuentra el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Juan de Dios Gámez Mendívil fue acusado en la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York de los cargos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser procesado por los delitos antes mencionados, el alcalde de Culiacán podría ser sentenciado a una pena máxima de cadena perpetua o una mínima de 40 años de prisión. Cabe señalar que la acusación también refiere que Juan de Dios Gámez habría aprovechado su posición como alcalde para permitir a Los Chapitos operar en Culiacán sin interferencias del gobierno, protegiendo sus actividades de tráfico de drogas y evitar su detención. De acuerdo con los documentos judiciales, desde junio de 2022 el alcalde habría aceptado más de 10 mil dólares en sobornos mensuales otorgados en efectivo por parte de la facción liderada por Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Juan de Dios Gámez durante su campaña electoral por la búsqueda de la alcaldía de Culiacán. Foto: Facebook Gámez Mendívil ha sido cercano a Rubén Rocha Moya, con quien colaboró como operador político y administrador. Fue en junio de 2022 cuando asumió como alcalde sustituto de Culiacán, luego de la destitución de Jesús Estrada Ferreiro, entonces edil. En las elecciones de 2024, Gámez Mendívil fue electo por voto popular para el periodo 2024-2027 con más de 159 mil votos. Redacción / La Voz de Michoacán
La Voz de Michoacán
