Lorena Cortés Hay imágenes que explican mejor a un país que cualquier informe de seguridad. Una de ellas está en Culiacán, mientras el gobernador de Sinaloa Rocha es acusado en Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En Culiacán, cada 3 de mayo cientos de devotos acuden a la capilla de Jesús Malverde, el llamado “santo de los narcos”, entre música, ofrendas, dólares y fotografías para agradecer favores recibidos. Malverde importa no por lo que haya sido, de hecho, ni siquiera hay certeza histórica sólida sobre su existencia tal como la leyenda la cuenta, sino por lo que representa: “es el bandido generoso, el ladrón que roba a los poderosos para ayudar a los pobres, el criminal envuelto en una narrativa de justicia popular”. Ahí está la clave, cuando una sociedad convierte a una figura asociada al narco en protector espiritual, no estamos ante una simple “curiosidad folklórica” o anécdota. Estamos ante un sistema de legitimación simbólica que convierte al crimen en relato moralmente tolerable, incluso admirable. Eso dice algo brutal sobre México. El Estado no solo ha fracasado en garantizar seguridad y justicia. Ha fracasado también en algo más hondo, en ofrecer una idea de bien, de autoridad y de futuro que pueda competir con la del crimen organizado. La clase política que, lejos de contener el deterioro, terminó por convertirse en parte sustancial del problema. En México, buena parte de la clase política mexicana dejó de asumirse como instrumento de construcción nacional y se acostumbró a funcionar como una maquinaria de control, privilegio y simulación. En lugar de ser incentivo de legalidad, mérito y servicio, se volvió con una estructura de impunidad y complicidad. Por eso puede decirse, sin exageración, que en México la delincuencia organizada de cuello blanco ha sido la otra cara de la moneda del crimen organizado armado. Una delinque con fusiles. La otra con fuero, presupuesto y firma oficial. Ambas nacieron y crecieron más de lo que el discurso público se atreve a admitir. Hoy Whashintog no está dispuesto a seguir tolerando, esa marcuerna. Eso debería avergonzarnos como país. Porque hemos tolerado durante décadas una clase política moralmente derrotada, incapaz de producir autoridad legítima, pero muy eficaz para reproducir corrupción. Y la paradoja es todavía más grave porque el actual régimen llegó al poder con la promesa de combatir precisamente esa degradación histórica, la corrupción de las élites y la captura criminal del Estado. Hoy, en cambio, México enfrenta una de las encrucijadas más delicadas de su historia reciente, Estados Unidos ha designado como terroristas a cárteles de la droga mexicanos, y este es el primer régimen que enfrenta acusaciones de esa magnitud contra un gobernador y un senador de Morena cercanos a su liderazgo moral. Ésa es la dimensión del fracaso. El crimen prosperó porque encontró protección política, tolerancia institucional e impunidad. Pero hay una dimensión todavía más profunda y menos mencionada en la narrativa oficial, la subjetiva. El verdadero triunfo del crimen organizado no fue únicamente territorial o financiero, sino cultural y emocional. Los cárteles construyeron símbolos, ritos, música, estética y hasta una idea de pertenencia que el Estado jamás logró disputar con eficacia. Ofrecieron poder, identidad, protección y sentido donde la república dejó vacío. Y cuando el crimen consigue convertirse en cultura, deja de ser solamente una amenaza armada. Se vuelve el virus que debilita el sistema inmune moral del país. Y cuando el crimen se vuelve cultura, deja de necesitar únicamente armas para expandirse. Empieza a operar también a través de símbolos que lo justifican, lo embellecen y lo vuelven socialmente digerible. Apología del delito pura y dura. Ahí reside el daño más hondo. Una sociedad que aprende a admirar, tolerar o romantizar a quienes la someten empieza también a rebajar sus defensas morales frente al crimen. El narco gana entonces su victoria más profunda, no sólo corrompiendo instituciones, sino alterando la conciencia pública hasta conseguir que una parte del país deje de verlo como amenaza y empiece a verlo como referencia, como poder legítimo o incluso como una forma torcida de redención. Por eso fenómenos como Malverde también debe subirse a la narrativa y debe leerse desde la criminología. Su culto normaliza al criminal como arquetipo social, reduce el umbral moral y fortalece la identidad interna de los grupos delincuenciales. El Estado mexicano perdió hace décadas la disputa por el imaginario colectivo en amplias zonas del país. El crimen organizado en cambio, colonizó el imaginario colectivo en varias regiones. Figuras como el Mencho, la Tuta o Nazario, durante años ganaron base social en comunidades donde el cártel repartía apoyos, financiaba fiestas, ayudaba a familias o resolvía carencias que el Estado no atendía. No porque el crimen sea benevolente, sino porque entendió algo que el oficialismo olvidó, quien llena el vacío material termina disputando también el vacío moral. Ésa es la herida más grave de México. Que una parte de la sociedad no sólo tema al crimen, sino que haya aprendido a verlo como protector, benefactor o redentor torcido. Cuando eso ocurre, el problema ya no es sólo de seguridad. Es de legitimidad, de cultura y de civilización. Malverde (como muchos otros) es el síntoma de un país donde la ley perdió prestigio, la clase política perdió credibilidad y el delito ganó espacio en la fe pública.
La Voz de Michoacán
