Los dos primeros exfuncionarios mexicanos bajo control de la justicia estadounidense, acusados de proteger al Cártel de Sinaloa, dirigían la seguridad pública y las finanzas del gobierno sinaloense. Estas áreas son piezas clave en una investigación que se perfila como un nuevo foco de tensión diplomática entre México y Washington. Los perfiles: Inteligencia y recursos Los exsecretarios de Seguridad, Gerardo Mérida, y de Administración y Finanzas, Enrique Díaz, se entregaron voluntariamente a autoridades de EE.UU. Ambos integran la lista de 10 funcionarios, encabezada por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalados por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos. Gerardo Mérida (Seguridad): General retirado con trayectoria en inteligencia militar. Se le acusa de recibir sobornos mensuales a cambio de alertar sobre operativos antidrogas. Ingresó a EE.UU. por Nogales, Arizona, el pasado 11 de mayo y ya habría comparecido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró "no culpable" para iniciar negociaciones de colaboración. Enrique Díaz (Finanzas): Contador cercano a Rocha Moya, vinculado por EE.UU. con el componente financiero y político del esquema de protección. Su entrega se habría registrado en Europa, donde se encontraba vacacionando, en medio de versiones sobre posibles acuerdos con fiscales estadounidenses. Presión política y judicial Las acciones judiciales coinciden con un periodo de alta presión de Washington hacia la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha sostenido que no existen pruebas públicas contra los señalados. El caso trasciende la protección policial para entrar al círculo financiero y político del gobierno estatal. La atención internacional se centra ahora en la información que ambos excolaboradores puedan aportar, especialmente en relación con las acusaciones abiertas contra el gobernador Rocha Moya, quien permanece fuera de la vida pública desde que solicitó licencia el pasado 2 de mayo. Redacción / La Voz de Michoacán
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