México y Michoacán enfrentan uno de los mayores riesgos de lavado de dinero a nivel internacional debido a la diversidad de actividades ilícitas que generan recursos de procedencia ilegal, un escenario que ha colocado a contadores, abogados y otros profesionistas en una posición estratégica para prevenir que esos recursos ingresen a la economía formal. Durante una conferencia organizada por la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC) Delegación Michoacán, especialistas analizaron los alcances de las reformas más recientes en materia de prevención de lavado de dinero y los nuevos retos que enfrentan quienes participan en actividades consideradas vulnerables por la legislación mexicana. María Angélica Ruiz López, presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y vicepresidenta de Prevención de Lavado de Dinero de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, advirtió que el lavado de dinero no puede entenderse únicamente como un delito financiero, sino como una actividad estrechamente ligada a conductas ilícitas que generan afectaciones directas a la población y cientos de delitos con víctimas reales. Explicó que para que exista lavado de dinero primero debe haberse cometido un delito que produzca recursos cuyo origen se pretende ocultar mediante operaciones aparentemente legales. Entre las actividades asociadas se encuentran el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro, la corrupción y la evasión fiscal. La especialista recalcó que diversos estudios internacionales ubican a México entre los países con mayor incidencia en esta materia. De acuerdo con datos citados durante la conferencia, el país ocupa el tercer lugar mundial en lavado de dinero, situación que ha llevado a reforzar los mecanismos de supervisión y cumplimiento para impedir que recursos ilícitos sean incorporados al sistema económico formal. Añadió que la Evaluación Nacional de Riesgos elaborada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado amenazas relacionadas con delincuencia organizada, empresas fachada y otras estructuras utilizadas para ocultar recursos de procedencia ilícita. En el caso de Michoacán, María Angélica Ruiz mencionó que diagnósticos previos han señalado riesgos asociados a la operación de grupos delictivos y a actividades económicas que pueden ser utilizadas para encubrir dinero de origen ilegal. Uno de los principales temas abordados fue la entrada en vigor, durante marzo de este año, de las reformas al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La especialista de la Coparmex explicó que los cambios buscan fortalecer la detección de riesgos y ampliar las responsabilidades de quienes participan en actividades sujetas a vigilancia. La legislación considera vulnerables diversas operaciones que, por sus características, pueden ser utilizadas para ocultar recursos ilícitos. Entre ellas se encuentran la compraventa de inmuebles, vehículos, joyas y obras de arte, además de actividades desarrolladas por notarios, agentes aduanales y diversos prestadores de servicios profesionales. En este contexto, la ponente destacó que contadores y abogados representan una de las principales barreras de prevención, debido a que suelen intervenir en operaciones corporativas, patrimoniales y financieras donde pueden identificarse señales de alerta. Precisó que las nuevas disposiciones exigen una participación más activa de estos profesionistas, quienes ya no sólo deben integrar expedientes y cumplir obligaciones administrativas, sino también detectar operaciones inusuales y reportar actividades que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita. La especialista alertó que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación puede derivar en sanciones económicas considerables. La omisión en la presentación de avisos obligatorios puede generar multas que oscilan entre aproximadamente un millón y 7 millones de pesos por cada infracción, dependiendo de la gravedad. No obstante, apuntó que las reformas incorporan mecanismos para que los sujetos obligados puedan regularizar incumplimientos previos antes de ser objeto de una revisión formal por parte de la autoridad, “lo que permite corregir omisiones y fortalecer los procesos internos de cumplimiento”. Llaman a prevenir Durante la conferencia también se abordó la evaluación que México enfrentará en el marco de los criterios establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo que promueve estándares para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. María Angélica Ruiz señaló que el enfoque internacional se ha desplazado hacia modelos basados en riesgos, lo que implica una supervisión más enfocada en identificar amenazas específicas según el tipo de actividad económica. Por su parte, el presidente de ANEFAC Michoacán, Ramiro Humberto Ortega Campos, destacó la importancia de que los profesionistas conozcan a profundidad la normativa antilavado y se mantengan actualizados ante los cambios regulatorios. Señaló que la participación de contadores, abogados y asesores especializados resulta relevante para fortalecer los mecanismos de prevención y cumplimiento dentro de empresas y organizaciones. Arved Alcántara / La Voz de Michoacán
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