La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Michoacán con el objetivo de excluir de responsabilidad penal a aquellas personas que, actuando de buena fe, de manera racional, proporcional e inmediata, ocasionen daños mínimos indispensables en un vehículo o espacio cerrado para rescatar a un menor, adulto mayor, persona con discapacidad o animal que se encuentre en riesgo real e inminente de muerte o lesiones graves debido a temperaturas extremas. Durante su intervención en tribuna, la legisladora recordó dos casos recientes que conmocionaron al país. El primero fue el de Vicente, un niño de tres años en Mexicali, quien perdió la vida tras permanecer más de 12 horas dentro de un vehículo bajo temperaturas extremas, sufriendo golpe de calor y quemaduras en la piel. El segundo ocurrió en Morelia, donde elementos de seguridad rescataron a un menor de tres años encerrado en un automóvil con temperaturas de hasta 45 grados centígrados, mientras la persona responsable decidió formarse para conseguir boletos para un concierto. “Estamos hablando de dos casos de negligencia en menos de un mes. Estos hechos nos obligan a reflexionar: cuando una vida está en peligro, cada minuto cuenta. "¿Por qué ningún civil hizo algo para ayudar?”, cuestionó Arreola Ruiz. La diputada señaló que existe un vacío legal que coloca a las personas frente a una decisión difícil: salvar una vida y exponerse a posibles consecuencias legales por ocasionar daños en un vehículo, o abstenerse de actuar por temor a una denuncia. “La pregunta es muy simple: ¿Qué vale más? ¿Un cristal roto o una vida humana?”, expresó. La iniciativa propone incorporar una disposición clara que excluya de responsabilidad penal a quienes, actuando motivados por la solidaridad y el deber humano de auxiliar, causen daños mínimos e indispensables para rescatar a alguien en riesgo real e inminente dentro de un vehículo o espacio cerrado. Arreola Ruiz fundamentó su propuesta en el estado de necesidad, figura jurídica reconocida por el sistema penal que justifica una conducta cuando se realiza para evitar un daño mayor e inminente, así como en el principio pro persona consagrado en el artículo 1º de la Constitución, que obliga a las autoridades a privilegiar la protección más amplia para los derechos humanos. La legisladora concluyó que esta iniciativa obliga a decidir qué tipo de sociedad se quiere ser: una que permanezca inmóvil por miedo a consecuencias legales mientras una vida está en riesgo, o una que entienda que la empatía, la solidaridad y la protección de la vida deben estar por encima de cualquier bien material. “Que la historia de Vicente no quede solamente en la memoria de una tragedia. Que nos sirva para actuar, para prevenir y para entender que salvar una vida siempre debe ser prioridad. Porque nadie debería perder la vida por permanecer olvidado dentro de un vehículo mientras quienes pudieron ayudar tuvieron miedo de hacerlo”, sentenció. Redacción / La Voz de Michoacán
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