EMILIANO MEDINA Es difícil desligar las opiniones del Ejecutivo de la discusión sobre los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. "Si nada más escucha uno a Ciro, a Loret de Mola o a Sarmiento es hasta dañino para la salud; si los escucha uno mucho, hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro", decía en 2022 el expresidente López Obrador. En la administración actual, la tónica del discurso no ha cambiado mucho: "No vean TV Azteca", pedía hace unos meses la presidenta Claudia Sheinbaum. No obstante, el calor del momento no puede ocultar un hecho que se remonta prácticamente a los orígenes de la vida política organizada: todos los gobiernos, en todos los rincones del planeta, han buscado censurar. La otra cara de la moneda revela una preocupación igualmente genuina: la desinformación y la propagación de mentiras en nombre de la libertad editorial. ¿De qué se habla, entonces, cuando el gobierno habla de los derechos de las audiencias? En principio, la intención del gobierno es combatir la desinformación: obligar a que se distinga con claridad la información noticiosa de la opinión o el juicio personal. Algo similar ocurriría con la publicidad, que tendría que diferenciarse para que no se confunda con el contenido periodístico. A su vez, cada concesionaria estaría obligada a redactar su propio código de ética —algo así como un reglamento interno en el que explique al público sus principios y compromisos— y a nombrar a una persona defensora de las audiencias, que haría las veces de intermediaria entre el público y el medio. Cuando alguien presente una queja sobre un contenido y la persona defensora le dé la razón, esta emite una recomendación al medio; si este la desatiende —o si la audiencia se inconforma con la resolución—, el caso puede escalar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que puede sancionar al medio. La intención no es mala, y hasta el momento el contenido de los lineamientos es menos problemático de lo que el debate sugiere. Los problemas, considero, son otros: por un lado, el clima de desconfianza que siembra —y que el propio gobierno ha alimentado con las declaraciones ya citadas—; por otro, su escasa eficacia para combatir la desinformación. No considero que el mejor derecho de las audiencias sea el de cambiar de canal, como sostienen algunos: los medios sí deben tener responsabilidad en el manejo de la información y corregir cuando incurren en una calumnia o una mentira. "Los medios muchas veces mentimos, a veces adrede y a veces por otro tipo de razones", dijo hace más de dos décadas en un debate televisivo el periodista Sergio Sarmiento. Esto no puede quedar a merced de la autocorrección del medio, cuando existen incentivos económicos para ajustar la información a conveniencia. Sin embargo, toda regulación de este tipo tiene, indudablemente, un componente paternalista: trata al público como si no tuviera criterio propio para distinguir las peras de las manzanas. Yo lo haría al revés: darle las herramientas al espectador. Existe ya una vía —la civil— por la que cualquier persona puede demandar a un medio por daño moral, y son los jueces, no el gobierno, quienes determinan si hubo calumnia. ¿Por qué no aprovecharla? La CRT no tendría que juzgar: propongo que se limite a llevar un recuento público de los concesionarios condenados por esa vía, con la información de cada sentencia, todo basado en los datos que ya contiene la resolución judicial. No sería el Estado dictando qué es verdad, sino haciendo visible lo que un juez ya resolvió. Con ese registro, el espectador podría examinar cada caso, sopesar si la sanción estuvo justificada y ver cuáles son los medios más condenados por esa vía. Podría, incluso, concluir que una sanción fue injusta —cuando un particular con recursos usa la demanda para castigar al medio que lo incomoda— y afinar su juicio en consecuencia. Darle más herramientas, sin tratarlo como a un menor que debe ser vigilado. emilianomedina19@outlook.es
La Voz de Michoacán
