Sergio Béjar López El contador público que conocí en Carolina del Norte había dejado quince años de carrera en el gobierno del estado para dirigir un McDonald’s. Nunca supe si volvió. Si lo hizo, Michoacán recibió a un profesionista mayor, con experiencia administrativa en dos países y sin una vía clara para que toda esa trayectoria fuera reconocida aquí. Menciono el caso porque revela el supuesto con el que diseñamos política pública. Cuando hablamos del michoacano que regresa, casi siempre imaginamos a un jornalero. A veces lo es. Muchas veces no. Las cifras del retorno son claras en su dirección. La Secretaría del Migrante reportó en julio que las devoluciones de michoacanos crecieron más de treinta por ciento respecto de 2025. En los primeros cinco meses de 2026 fueron deportados 75,750 mexicanos, treinta y cinco por ciento más que un año antes. El estado no se quedó cruzado de brazos. El 20 de mayo el Congreso reformó la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias. La reforma ordena la coordinación entre autoridades estatales, municipales e iniciativa privada; prioriza la reintegración laboral, educativa, cultural y psicológica, y reconoce la inscripción voluntaria en un registro destinado a identificar las habilidades y la experiencia adquiridas en el extranjero. Sobre el papel es una buena reforma. En la práctica enfrenta tres problemas. El primero lo reconoció el propio secretario del Migrante. Antonio Soto Sánchez explicó que su dependencia empezó a recibir información federal sobre retornos, deportaciones y remesas, pero admitió que todavía resulta insuficiente para diseñar políticas más precisas. Un estado que no sabe con precisión cuántos vuelven, con qué edad, después de cuántos años y con qué oficio tampoco puede saber qué atención necesitan. El segundo problema es de diseño. La inscripción en el registro es voluntaria. Pero pensemos en el incentivo: se le pide a alguien que acaba de ser expulsado por una autoridad migratoria que se registre ante otra, entregue su historial y confíe en que el expediente no le traerá consecuencias. En julio el Congreso volvió a reformar la ley para proteger la información del Banco de Datos de Migrantes. Es un paso correcto. Pero también muestra que el problema de fondo es la confianza, y la confianza no se legisla. El tercer problema es territorial. En febrero de 2025, de 561 oaxaqueños deportados durante quince días, solo siete regresaron a su comunidad de origen. Cerca del 65 por ciento permaneció en ciudades fronterizas mientras buscaba trabajo o intentaba cruzar nuevamente. No sabemos si algo parecido ocurre con los michoacanos. Buena parte de la política de reintegración podría estar esperando en Morelia a personas que se quedaron en Tijuana. Aunque también hay quienes vuelven. Dos primos de mi padre regresaron a Tangancícuaro y ahí siguen. Otros miembros de mi familia pasan temporadas largas en el pueblo y después regresan a Estados Unidos. Para ellos, volver no es un momento definitivo, sino un movimiento entre dos lugares que todavía sienten propios. Quien emigró recientemente puede regresar a un sitio que reconoce. Quien pasó treinta años fuera quizá ya no tenga casa, red ni oficio reconocido, y puede haber dejado hijos allá. Hablamos del retorno como si fuera un solo fenómeno, pero no lo es. La política de atención, sin embargo, todavía opera como si todos los retornados formaran una sola población. Yo también regresé. Después de vivir veinticuatro años en Estados Unidos, volví a México y me encontré un lugar distinto del que había dejado. No regresé a Michoacán y, después de tres años de haber vuelto, sigo aprendiendo todos los días cómo funcionan las cosas. Regresé con un doctorado, un empleo esperándome y porque así lo decidí. En ese sentido, yo era el caso fácil: tenía las credenciales de ese “talento migrante” que la ley busca aprovechar. No necesité al estado para reintegrarme. Quien regresa deportado no cuenta necesariamente con ninguna de esas ventajas. Y aquí vuelvo al contador. Aprovechar el talento de alguien exige saber quién es. Si la información federal resulta insuficiente y el registro depende de la confianza, el estado puede terminar ofreciendo lo mismo a un albañil de treinta años, a una enfermera con licencia de California y a un contador de sesenta y cinco. Los tres merecen atención. Ninguno necesita la misma. Lo dije la semana pasada sobre las remesas y se aplica también al retorno: estamos decidiendo sobre una población que no hemos medido bien. En las remesas el error se paga en pesos. Aquí se paga en trayectorias de vida. Y hay una dimensión que ningún registro laboral puede resolver. Algunos michoacanos regresan físicamente, pero dejan hijos ciudadanos, parejas y hogares enteros del otro lado. Las autoridades cuentan personas que cruzan la frontera. No cuentan familias que se parten al cruzarla. De eso trata la última entrega. El autor es Profesor-Investigador Titular de la División de Estudios Políticos del CIDE. Twitter: @Prof_Bejar
La Voz de Michoacán
