Sergio Béjar López Cuarta y última entrega sobre la migración michoacana Regresé a México después de veinticuatro años. Una de las razones fue que mi familia empezaba a necesitar ayuda y darla desde California resultaba muy difícil. Dejé atrás un trabajo estable, una casa, amigos y una vida entera construida en Estados Unidos. Aun así, la decisión no me costó demasiado trabajo. Tenía un empleo esperándome aquí y la ciudadanía estadounidense. Si no me adaptaba, podía regresar al otro lado. Volví porque podía deshacer el regreso. Aunque parece un detalle personal, no lo es. Es la diferencia entre mi caso y el de quien lleva años allá sin un documento que le permita volver a entrar. En la primera entrega conté que mi abuela iba y venía, como casi todo el mundo antes de que cruzar se volviera caro y peligroso y el gobierno estadounidense endureciera su política fronteriza. Ella tenía la frontera abierta. Yo tengo un pasaporte. En medio quedó una generación entera que no tiene ninguna de las dos cosas. Para el michoacano que lleva veinte o treinta años trabajando sin papeles, volver no es una decisión sino una condena. Si regresa a cuidar a su madre, no puede volver a su trabajo, a su casa, a sus hijos. Si se queda, no acompaña. No hay tercera opción. De eso trata realmente el endurecimiento de la frontera. No solo atrapó el trabajo. Atrapó el cuidado. Aquí el resultado ya es medible. En Michoacán, poco más de 66 mil personas adultas mayores viven solas. Eso no significa que todas formen parte de familias migrantes. Pero investigadores de El Colegio de Michoacán encontraron algo revelador al estudiar adultos mayores en Zamora, Jacona y Tangancícuaro. Entre quienes tenían hijos migrantes, siete de cada diez dijeron que sus familiares los habían dejado solos por periodos largos. Más de ocho de cada diez dijeron que sus familiares no estaban con ellos cuando enfermaban y necesitaban cuidados. Ahí está la consecuencia. En la segunda entrega vimos que las remesas llegan de una comunidad que envejece y hace un esfuerzo mayor en cada envío. Ese dinero compra medicinas, paga consultas y sostiene la casa. No acompaña a nadie a la clínica ni se sienta a comer los domingos. Y falta la otra mitad de la familia partida. Cuando deportan al padre y la madre se queda del otro lado con hijos nacidos allá, esa familia no necesariamente se reúne en Michoacán. Los hijos son ciudadanos estadounidenses, están escolarizados en inglés y tienen ahí su vida. El padre deportado puede quedarse en la frontera intentando cruzar, volver al pueblo o intentar irse otra vez. Esa familia difícilmente aparece en un padrón porque ninguna institución la registra como una unidad que se rompió. El problema tiene entonces dos direcciones: padres que envejecen aquí con hijos que no pueden venir e hijos que crecen allá con padres que no pueden quedarse. ¿Qué puede hacer Michoacán? Primero, el padrón creado por la reforma de mayo debería servir no solo para registrar a quien regresa, sino para identificar hogares afectados por quienes no pueden regresar. Sabemos cuánto dinero recibe Michoacán en remesas, pero mucho menos sobre las familias que dependen de ellas: dónde viven, quién necesita cuidados y qué ocurre cuando los padres envejecen solos. Obtener esa información no requiere permiso de Washington. Requiere decidir que importa. Segundo, el cuidado de adultos mayores en municipios de alta intensidad migratoria debe tratarse como un problema de política pública, no como un asunto privado de cada familia. Hogares cuya generación cuidadora está del otro lado necesitan acompañamiento, traslados, visitas y redes vecinales organizadas. Nada de eso lo resuelve una transferencia. Tercero, para los niños que sí llegan, el estado puede facilitar trámites de doble nacionalidad, apostillas e inscripción escolar y reconocer que algunos leen y escriben mejor en inglés que en español. Son medidas concretas y relativamente baratas. Empecé esta serie diciendo que la gran ola migratoria terminó hace años y que en Michoacán no habíamos terminado de asimilarlo. Termino con algo más incómodo. Yo pude elegir. Tenía pasaporte, doctorado y un trabajo esperándome. La diferencia entre mi regreso y el de un paisano deportado no la produjo el mérito. La produjo la suerte de haber llegado allá con una visa de estudiante en 1999 en lugar de con un coyote. No me he arrepentido una sola vez de haber regresado. Hoy puedo acompañar a mi familia a los doctores, ir a la farmacia a comprarles medicinas y sentarme a comer con ellos unas carnitas los domingos. Puedo estar presente en sus vidas. Eso es precisamente lo que no pueden hacer quienes migraron y ya no pueden regresar. Durante décadas hablamos de los michoacanos que se fueron. Quizá ha llegado el momento de pensar también en quienes envejecieron allá, en las familias que quedaron partidas aquí y en quienes ya no pueden volver. A todos ellos, a los que un día cruzaron pensando que podrían regresar y descubrieron demasiado tarde que la frontera se había cerrado detrás de ellos, está dedicada esta última entrega. El autor es Profesor-Investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE