Omar Cuiriz / La Voz de Michoacán La cifra oculta o la cifra negra de la extorsión es uno de los retos que busca ser atendido por las autoridades en el combate contra este delito, por lo que el Gobierno del Estado, a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla, alista una iniciativa para proteger a las víctimas y que estas decidan denunciar sin miedo a represalias. César Augusto Ocegueda, consejero jurídico del gobierno estatal, señaló este lunes en conferencia de prensa que, luego de que Michoacán fuera la entidad pionera en crear una reforma para sancionar y protocolizar la investigación de este delito, ahora se enfrentan ante el desafío de hacer que las personas denuncien. “Los riesgos [que sienten] los testigos, denunciantes o víctimas inhiben su participación, su testimonio y su denuncia por los riesgos que implica que los delincuentes conozcan su identidad”, señaló el funcionario. Informó que se presenta ya una iniciativa que se pretende sea discutida y aprobada directamente por el Congreso de la Unión, toda vez que el delito es de competencia federal. Explicó que dicha iniciativa contempla la reserva de identidad que permite mantener bajo protección los datos que identifican a una víctima, denunciante o testigo, y “su finalidad es reducir los riesgos para quienes colaboran con la justicia cuando existe una situación que justifica su protección. Es importante decir que es una medida excepcional, temporal y sujeta a control judicial”. Problema público El consejero jurídico explicó que además del temor y la desconfianza a la hora de denunciar o de colaborar como testigo, muchos procesos ya en juicio son abandonados por miedo a represalias contra su integridad o la de sus familias. Ante eso, aclaró que la protección de víctimas consiste en evitar la revelación anticipada de su identidad, por lo que durante los procesos penales —que incluyen largas audiencias, una temporalidad para la investigación y la resolución del caso por parte de un juez— no se conocerán los datos de los denunciantes y testigos. Reconoció además que la gente no denuncia porque no confía en las autoridades y considera que es una pérdida de tiempo debido a trámites largos y difíciles, además de creer que no se tienen las pruebas suficientes para denunciar. De cada 100, solo 3 denuncian De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se reveló que de 100 víctimas de extorsión únicamente 3 denuncian. “Todavía, incluso después de haber legislado una reforma especial para combatir la extorsión, 97 de cada 100 casos forman parte de esta cifra oculta o cifra negra; no se denuncian y no derivan en una carpeta de investigación”. “La falta de denuncia por supuesto que limita a las autoridades la capacidad de investigar y perseguir eficazmente los delitos”. César Augusto Ocegueda reconoció que el reto es que en el estado y el país se fortalezcan la confianza y las condiciones de protección para incentivar la denuncia y favorecer una mayor colaboración con las autoridades. Impacto de la reserva limitada en investigación y juicio El artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) permite que el Ministerio Público solicite excepcionalmente al Juez de Control que determinada información se mantenga bajo reserva. Actualmente, la reserva puede prorrogarse cuando sea estrictamente necesario, pero no puede prolongarse después de la formulación de la acusación. ¿Cuál es el problema? La identidad de la persona protegida puede ser revelada antes de que comparezca ante el Tribunal de Enjuiciamiento, reactivando los riesgos que justificaron su protección. Esto puede inhibir su comparecencia o provocar que deje de colaborar.
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