Omar Cuiriz / La Voz de MichoacánLa Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) alista un nuevo requerimiento legal dirigido a la presidenta de Uruapan Grecia Quiroz para que entregue los teléfonos celulares de Carlos Manzo, considerados elementos clave para el esclarecimiento del homicidio del exalcalde. El vicefiscal del estado, Israel Vega, advirtió que, de persistir la negativa, las medidas de apremio contempladas en la ley podrían escalar hasta el arresto administrativo o la apertura de una investigación penal por el delito de obstrucción de la justicia. Sin embargo, en conferencia de prensa, el funcionario aclaró que al día de hoy no existe una carpeta de investigación abierta en contra de Quiroz ni indicios para indagarla de manera directa. “Hasta el día de hoy, únicamente a través de lo que son las ampliaciones de declaración es que tenemos el alcance, en algún momento, de requerirla para entrevistarla por cualquier situación. Hasta el momento no nos da para llevar a cabo alguna investigación”, explicó el vicefiscal, señalando que la autoridad ministerial aún valora la pertinencia procesal de una nueva comparecencia. Respecto a los dispositivos móviles de la víctima, Vega detalló que su entrega resulta prioritaria para desahogar pruebas periciales forenses, entre ellas verificar posibles alteraciones o manipulaciones en la cuenta de mensajería WhatsApp de Manzo. “Se prepara el siguiente requerimiento conforme lo establece la ley. Si no se entregan, va escalando el nivel de medidas de apremio, que podrían llegar al arresto o a la apertura de una carpeta de investigación por obstrucción de la justicia”, advirtió. Financiación del Movimiento del Sombrero Ante pregunta de medios de comunicación sobre la acusación de que el Movimiento del Sombrero está financiado presuntamente por el Cartel Jalisco, directamente por la relación con Alexis Jesús, alias ‘El Brilloso’, hoy detenido, el vicefiscal confirmó que la institución rastrea posibles vínculos financieros, “trabajos que se desarrollan en coordinación con corporaciones federales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras las recientes capturas de presuntos involucrados”. “Estamos obligados a agotar todas las líneas de investigación”, sostuvo Vega, aunque matizó que hasta este momento la institución no ha acreditado una conexión directa entre estos flujos monetarios y el asesinato del exedil uruapense.