“El Estado tiene la responsabilidad de investigar, sancionar y remediar estas situaciones; la responsabilidad es dual, debe proteger los derechos de las víctimas”, dijo ayer la relatora de la Organización de las Naciones Unidas, sobre Violencia Contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Rashida Manjoo, pero ¿qué ocurre cuando es en las propias instituciones del Estado donde la mujer es víctima de acoso? Ayer, luego de que Manjoo ofreciera una conferencia magistral sobre violencia contra mujeres -esto en el auditorio José María Iglesias del máximo tribunal- empleadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Policía Federal (PF) denunciaron el acoso sexual y laboral del que son víctimas, así como la intencional falta de atención a sus casos, al ser ignoradas, censuradas o simplemente llamadas “chismosas” y señaladas de pretender “afectar a sus superiores”. Asombrada por las declaraciones, la relatora de la ONU sólo atinó a comentar que se debe “castigar a los perpetradores, no sólo a quienes directamente violan los derechos, sino también a los oficiales que no cumplen con su deber de proteger a la víctima”.
La Voz de Michoacán
