Redacción / La Voz de Michoacán Este 5 de octubre se conmemora el Día Mundial del Hábitat, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985 mediante la resolución A/RES/40/202, con el propósito de reflexionar sobre la situación de los pueblos y ciudades y el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada. En 2026, la ONU coloca el acceso a una vivienda adecuada para todas las personas como eje de la conmemoración, en un contexto internacional marcado por la crisis habitacional, los asentamientos informales, los desplazamientos y los efectos del cambio climático. En México, el desafío adquiere especial relevancia: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, 78.1% de la población residía en localidades urbanas. El rezago habitacional, un problema que persiste Los datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) muestran la dimensión del reto. En 2024, 21.9% de las viviendas del país se encontraba en condición de rezago habitacional. Esto significa que millones de hogares enfrentan problemas relacionados con materiales precarios, falta de servicios sanitarios o hacinamiento, entre otras condiciones consideradas por la metodología oficial. El problema no se distribuye de manera uniforme. El análisis de Conavi señala que en 2024 alrededor de 30.45 millones de personas, equivalentes a 23.4% de la población del país, residían en viviendas en condición de rezago. Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Veracruz registraron las proporciones más elevadas. En Michoacán, la proporción fue de 29.8%. La discusión sobre vivienda adecuada, sin embargo, va más allá de contar casas. La propia Conavi advierte que factores como la ubicación, la accesibilidad, la cercanía a bienes y servicios, la exposición a riesgos y la adecuación cultural también deben considerarse para evaluar las condiciones habitacionales. Crecimiento urbano y asentamientos irregulares El crecimiento de las ciudades representa otro de los grandes desafíos. ONU-Habitat señala que México es un país altamente urbanizado y ha identificado problemas relacionados con la expansión urbana, la segregación territorial y la ubicación periférica de desarrollos habitacionales. A ello se suma la ocupación irregular del suelo. El Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2026-2030 reconoce que durante décadas las políticas de vivienda y ordenamiento territorial estuvieron desvinculadas, situación que contribuyó a una expansión urbana fragmentada, vivienda periférica y asentamientos con déficit de servicios o ubicados en zonas de riesgo. Datos oficiales recopilados para ese programa muestran que en 2023 se reportaron más de 9 mil asentamientos humanos irregulares y más de 1.9 millones de personas en ellos; sin embargo, la propia autoridad advierte que existe un importante subregistro, pues únicamente 13.5% de los municipios contaba con información reportada sobre este fenómeno. En mayo de 2026, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) presentó resultados nacionales de una metodología para identificar y caracterizar los asentamientos humanos irregulares, así como una plataforma para consultar información sobre el suelo y apoyar la planeación territorial. Agua, servicios y presión sobre las ciudades Habitar una ciudad también implica tener acceso constante a agua, saneamiento, movilidad, energía, espacios públicos y manejo adecuado de residuos. En este terreno, los gobiernos municipales enfrentan responsabilidades centrales. El Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2025, publicado por el INEGI en marzo de 2026, reúne información sobre la prestación de agua potable y saneamiento, drenaje, tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos, protección civil y planeación territorial, entre otros servicios fundamentales para las comunidades. La situación del agua es particularmente relevante ante la variabilidad climática y las diferencias regionales en disponibilidad y acceso. El Programa Nacional Hídrico 2025-2030 plantea entre sus objetivos reducir las brechas de desigualdad en el acceso al agua y saneamiento, mejorar la eficiencia en el uso del recurso y fortalecer la adaptación frente a los efectos del cambio climático. ONU-Habitat ha planteado para los próximos años un enfoque que vincula tres elementos: vivienda, suelo y servicios básicos. En México, estos componentes están estrechamente relacionados con problemas como la expansión urbana, la desigualdad territorial y la vulnerabilidad climática.
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