EFE / La Voz de Michoacán Alcaldes asesinados, funcionarios amenazados y policías infiltrados marcan la disputa del crimen organizado por el control de los municipios mexicanos, una violencia que alcanza incluso la zona metropolitana de Ciudad de México y enfrenta a los gobiernos locales con organizaciones que los superan en recursos y capacidad armamentística, según explicaron este viernes funcionarios y expertos. Casi ocho de cada diez (77,9 %) agresiones político-criminales registradas entre 2021 y 2024 tuvieron como objetivo a actores municipales, según las organizaciones México Evalúa y Data Cívica, que advierten de que este nivel de gobierno ofrece a los grupos criminales recursos para explotar economías locales, obtener inteligencia sobre grupos rivales y garantizar impunidad. El proyecto 'Votar entre Balas', de Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, contabiliza 3.042 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros contra personas del ámbito político y gubernamental o instalaciones públicas y partidistas entre 2019 y el pasado 30 de agosto “Los municipios están bajo fuego porque se convirtieron en la manzana de la discordia para los grupos criminales”, explica a EFE el consultor en seguridad David Saucedo. Según el experto, el control territorial de los carteles pasa también por someter o influir en alcaldes, regidores y policías locales, además de áreas como tránsito, fiscalización u obra pública. “Todo eso es necesario para la operación de los carteles”, sostiene Saucedo, quien identifica desde autoridades sometidas mediante amenazas hasta casos de asociación con organizaciones criminales o gobiernos que permiten su actividad. La violencia llega a la metrópoli Uno de los episodios recientes ocurrió el pasado 15 de septiembre en Tecámac, municipio del central Estado de México e integrado en la zona metropolitana de la capital, donde hombres armados atacaron al principal asesor de la alcaldesa Rosi Wong, Carlos Galindo. El vehículo en el que viajaba recibió 19 impactos de bala y su escolta resultó herido en el pecho, según relató Wong a EFE. “No podemos negar que existe esta violencia y que de pronto también asusta”, reconoce la alcaldesa, aunque evita atribuir un móvil político al atentado, cuya investigación permanece en manos de la Fiscalía estatal. Tras el ataque, el Gobierno del Estado de México reforzó la seguridad de la funcionaria con más miembros de seguridad y una patrulla adicional, mientras el municipio avanza en la transformación de su centro de monitoreo y una inversión de 322 millones de pesos (unos 17,5 millones de dólares) para ampliar sus capacidades de vigilancia. Pero Saucedo cuestiona que la tecnología pueda compensar por sí sola las debilidades estructurales de las corporaciones locales. “Tenemos micropolicías tratando de combatir narcocarteles. Eso no tiene ningún sentido”, afirma. El experto considera que los municipios de mayor tamaño pueden destinar recursos a proteger a sus autoridades, pero advierte de que incluso en esos casos existe un límite. “Se pueden blindar las autoridades, pero no se puede blindar la función de gobierno”, señala, porque concentrar policías y recursos en funcionarios puede dejar desprotegida a la población frente a delitos como la extorsión o el narcotráfico. Asimismo, advierte de que cámaras, drones o sistemas de vigilancia tampoco resuelven otro de los grandes desafíos de las corporaciones locales: la corrupción y la infiltración criminal. “Las tecnologías no fallan, las que fallan son las personas”, sentencia.
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