Redacción / La Voz de Michoacán La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dio luz verde al dictamen de la Ley Federal de Derechos, incluido en el Paquete Económico 2027, y lo envió a la Mesa Directiva de San Lázaro para que sea sometido a discusión en el pleno este martes. El proyecto obtuvo 27 votos a favor, correspondientes a legisladores de Morena, PVEM y PT, mientras que PAN, PRI y MC sumaron 10 votos en contra. Entre los cambios planteados se encuentran incrementos en las cuotas por visas para extranjeros, permisos y licencias sanitarias, aprovechamiento del espacio aéreo y concesiones ferroviarias, entre otros conceptos. ¿Qué implica el dictamen? En la propuesta inicial del Ejecutivo federal se contemplaba elevar 35 por ciento el cobro por el derecho de estancia de visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas, con lo que la cuota alcanzaría mil 334 pesos. Sin embargo, durante el análisis se aceptó una reserva que estableció el monto en mil 158 pesos. También se modificó la distribución de los recursos obtenidos por este concepto. La propuesta original planteaba asignar 50 por ciento a la Secretaría de la Defensa Nacional, 26 por ciento al Instituto Nacional de Migración y 24 por ciento a la Tesorería de la Federación. Tras los cambios aprobados en la discusión en lo particular, los porcentajes quedaron en 56, 15 y 29 por ciento, respectivamente. El dictamen contempla, además, actualizar las cuotas por la expedición de visas ordinarias y de visas de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas de larga duración. Para ambos trámites se plantea un cobro de mil 639 pesos en 2027. En el caso de las visas ordinarias, la cifra representa un aumento de 66 por ciento, frente a la tarifa actual de 990 pesos. Para las visas de visitante de larga duración, el incremento sería de 153 por ciento, respecto de los 648 pesos que se cobran actualmente. Polémica por los aumentos El vicecoordinador económico del grupo parlamentario del PAN, Héctor Saúl Téllez, cuestionó el alcance de los cambios y afirmó que no se trata únicamente de actualizar tarifas, sino de incrementos que, en algunos casos, van de 100, 200, 400 y 700 por ciento hasta mil por ciento, particularmente en cuotas relacionadas con la Cofepris. Como ejemplo, señaló que la licencia sanitaria para servicios de transfusión pasaría de mil 482 a 17 mil 349 pesos, un aumento superior al mil por ciento. También indicó que la autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos subiría de 8 mil 195 a 43 mil 209 pesos, lo que equivale a más de 427 por ciento. En cuanto a las licencias para establecimientos que utilizan fuentes de radiación en diagnósticos médicos, el legislador sostuvo que la tarifa prácticamente se duplicaría, hasta alcanzar 19 mil 845 pesos. Por parte de Morena, la diputada Claudia Rivera Vivanco rechazó las que calificó como “narrativas tendenciosas” sobre la Ley Federal de Derechos. Sostuvo que el dictamen no contempla aumentos en la expedición de pasaportes mexicanos ni en la tarifa de uso aeroportuario (TUA). La legisladora defendió los cambios como un “esfuerzo de actualización” dirigido a recuperar el costo real de los servicios que presta el Estado y ajustar el valor del aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación. Entre las modificaciones incluidas por la Comisión de Hacienda también figura un aumento de 10 por ciento en las cuotas por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano. El objetivo señalado es reducir la diferencia con el promedio de los países de América Latina. Además, el dictamen propone elevar de 1.25 a 3 por ciento la tasa aplicada al total de los ingresos brutos obtenidos por el aprovechamiento de bienes del dominio público mediante concesiones ferroviarias. En materia de espectro radioeléctrico, el estudio de solicitudes y, en su caso, la expedición de autorizaciones o prórrogas para utilizar bandas de frecuencias con fines secundarios tendría un costo de 9 mil 035 pesos. Para trámites relacionados con la experimentación y la comprobación de la viabilidad técnica y económica de tecnologías en desarrollo, se fijarían cuotas de 20 mil 843 pesos por la expedición de la autorización, 9 mil 035 pesos por la prórroga y 8 mil 103 pesos por la modificación. Por otra parte, el registro de armas de fuego y las modificaciones correspondientes tendrían un costo de 201 pesos durante 2027. Paquete Económico 2027, para impulsar la infraestructura: Morena En el marco de la discusión del Paquete Económico 2027, México puede fortalecer los esquemas de inversión en infraestructura estratégica para promover el crecimiento económico y generar beneficios para las familias, afirmó Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. La legisladora explicó que su propuesta de inversión mixta busca combinar las capacidades del Estado con la participación del sector privado, mediante reglas claras, transparencia y rendición de cuentas. El planteamiento, señaló, pretende ampliar las opciones de financiamiento para proyectos estratégicos sin dejar de lado el interés público. Jiménez indicó que el propósito es que las inversiones se reflejen en infraestructura, empleos y mejores oportunidades para la población. Añadió que esta visión coincide con la estrategia económica de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en impulsar los polos de desarrollo, fortalecer la inversión pública y procurar que los beneficios del crecimiento lleguen a distintas regiones del país. La infraestructura, sostuvo, debe ser una herramienta para promover el desarrollo productivo y el bienestar social, y no convertirse en un objetivo por sí mismo. La diputada recordó que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó este lunes el análisis y la votación de los proyectos de dictamen de la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de Ingresos de la Federación para 2027. La intención es remitirlos al pleno para iniciar su discusión a partir del martes. La revisión de estas normas será determinante para establecer el marco de ingresos que permitirá financiar las prioridades económicas y sociales del próximo ejercicio fiscal, apuntó. Finalmente, señaló que el desafío legislativo consiste en vincular la planeación de los ingresos con una estrategia de desarrollo que permita administrar responsablemente los recursos públicos, reforzar la infraestructura y ampliar las oportunidades de inversión.
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