Juan Carlos Vega Solórzano Decretar Áreas Naturales Protegidas es políticamente rentable; conservarlas exige presupuesto, vigilancia y voluntad institucional. Sin programas de manejo, sin seguimiento y sin una Procuraduría ambiental capaz de anticiparse a la destrucción, los anuncios oficiales corren el riesgo de convertirse en una simulación de política ambiental. Mientras el gobierno presume hectáreas protegidas, la pregunta sigue en el aire: ¿quién defiende realmente el territorio michoacano cuando las máquinas comienzan a remover la tierra? Hay una forma particularmente cómoda de hacer política ambiental: decretar un Área Natural Protegida, convocar a los medios, difundir fotografías, anunciar hectáreas incorporadas a la conservación y presentar el resultado como un logro histórico. El problema comienza al día siguiente, cuando termina la ceremonia, se apagan las cámaras y el territorio queda frente a las presiones de siempre: urbanización, especulación inmobiliaria, cambio de uso de suelo, tala, relleno de barrancas y destrucción de ecosistemas. Porque una cosa es proteger la naturaleza mediante un decreto y otra, radicalmente distinta, es defenderla en el terreno. Michoacán necesita que la sociedad formule una pregunta incómoda: ¿de qué sirve multiplicar las declaratorias de Áreas Naturales Protegidas si no se garantiza que funcionen como verdaderos instrumentos de conservación? No se trata de cuestionar la importancia de proteger nuestro patrimonio natural. Se trata de exigir que esa protección sea efectiva y no se reduzca a una cifra que pueda incorporarse al discurso oficial. Una hectárea no se conserva porque aparezca delimitada en un documento. Se conserva cuando existen reglas claras, presupuesto, personal responsable, vigilancia, instrumentos de planeación, coordinación institucional y capacidad para detener las actividades que amenazan su integridad. Todo lo demás es una promesa. El Gobierno de Michoacán ha presentado como un avance el crecimiento de la superficie incorporada a esquemas de conservación. La ampliación de las áreas protegidas es, sin duda, una decisión que puede contribuir a preservar la biodiversidad y el patrimonio natural del estado. Pero el verdadero indicador de éxito no es únicamente cuántas hectáreas se decretan. Es cuántas se conservan, en qué condiciones y con qué resultados verificables. ¿Las áreas decretadas cuentan con programas de manejo vigentes? ¿Se conoce su estado de conservación? ¿Tienen presupuesto suficiente? ¿Existen responsables de su administración? ¿Se monitorean las amenazas? ¿Se realizan inspecciones periódicas? ¿Hay indicadores públicos que permitan evaluar si la declaratoria está produciendo resultados? Estas preguntas deberían acompañar cada anuncio gubernamental. La legislación ambiental de Michoacán reconoce la importancia de los programas de manejo como instrumentos de planeación y normatividad de las áreas naturales protegidas. No son un accesorio administrativo ni un documento que pueda archivarse para cumplir un requisito: deben orientar las acciones de conservación y establecer criterios para su administración. Por eso, cuando una declaratoria no se acompaña de los instrumentos necesarios para hacerla operativa, aparece una contradicción que el gobierno tiene la obligación de explicar. Se anuncia la protección de un territorio, pero no necesariamente se garantiza su protección efectiva. El decreto no detiene una máquina excavadora. No impide por sí mismo el derribo de árboles. No evita el relleno de una cañada ni garantiza que se respeten las restricciones ambientales. Para eso se necesitan instituciones presentes, decisiones oportunas y recursos. La política ambiental no puede conformarse con declarar protegido aquello que después no tiene capacidad de defender. Y conviene insistir en un principio elemental: el prestigio de una institución, la importancia de una inversión o la naturaleza del proyecto no sustituyen el cumplimiento de la ley. Por eso la autoridad debe actuar antes de que la transformación sea irreversible. La secuencia correcta es conocida: evaluar el proyecto, determinar las autorizaciones necesarias, establecer condiciones y medidas preventivas, verificar su cumplimiento e intervenir cuando existan infracciones. La secuencia que debemos evitar es la contraria: permitir que avance la obra, esperar una denuncia, iniciar un procedimiento cuando el terreno ya fue transformado y descubrir después que la reparación será mucho más difícil que la prevención. No se trata de impedir toda construcción. Se trata de impedir que el desarrollo urbano se imponga sobre el interés público ambiental. Porque una declaratoria sin manejo es una oportunidad desperdiciada; una denuncia sin seguimiento es una expectativa frustrada; y una inspección sin consecuencias efectivas, cuando se acredita una infracción, debilita la confianza en la autoridad. El verdadero examen del gobierno está en el territorio. Michoacán no necesita renunciar a los decretos de conservación. Necesita darles contenido, recursos y resultados. La naturaleza no necesita más promesas de protección. Necesita instituciones capaces de cumplirlas.
La Voz de Michoacán
