Efe / La Voz de Michoacán La Cámara de Diputados debatirá una reforma sanitaria que, según las organizaciones civiles que la impulsan, busca establecer un plazo máximo de sesenta días para iniciar el tratamiento de pacientes con cáncer en instituciones públicas, además de fortalecer el registro nacional de la enfermedad y evitar la interrupción de la atención médica. La iniciativa promovida por la Comisión para la Atención Integral del Cáncer en México (Caic), una alianza de 38 organizaciones civiles, fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Salud de la Cámara Baja y cuenta con el respaldo de la Junta de Coordinación Política. El presidente de la Comisión de Salud, Pedro Mario Zenteno Santaella, confirmó a EFE que se espera llevar la propuesta al pleno a partir del 15 de noviembre, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, a mediados de diciembre. La reforma pretende transformar el Registro Nacional de Cáncer en una herramienta obligatoria de interés público, capaz de orientar las decisiones sanitarias a partir de información sobre los pacientes, los diagnósticos y los tratamientos. "Anteriormente no se tenía un registro, pero no se enfocaba como un programa nacional (a nivel país) de atención y control del cáncer", explicó Zenteno. El legislador defendió la necesidad de garantizar la continuidad de la atención médica porque "la salud no es una mercancía y los ciudadanos no son clientes, son seres humanos". Tratamientos sin demoras La vocera de la Comisión para la Atención Integral del Cáncer en México (Caic), Elisa Puente, explicó además que la reforma busca que los pacientes diagnosticados tengan la posibilidad de remitirlos a otra unidad cuando no exista capacidad de atención. La propuesta también contempla, según sus promotores, medidas contra la discriminación financiera de las personas que han superado el cáncer y mecanismos para evitar que los tratamientos de pacientes infantiles se interrumpan al alcanzar la mayoría de edad. En México, el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) registra 96.210 muertes anuales por esta enfermedad, en un país que todavía enfrenta dificultades para consolidar un registro nacional con cobertura poblacional suficiente. La iniciativa también contempla el "derecho al olvido oncológico", destinado a impedir que las personas que han superado la enfermedad sufran discriminación en el acceso a productos financieros. Asimismo, propone garantizar la continuidad del tratamiento a pacientes con cáncer infantil que cumplen la mayoría de edad, para evitar interrupciones en su atención médica. El director general de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús (Futeje), Francisco Freiria, señaló que la reforma busca pasar de un registro estadístico a un sistema de control integral, con liderazgo técnico del Incan. Según explicó, el objetivo es que las decisiones sobre tratamientos, adquisición de medicamentos y acceso a medicina de precisión respondan a evidencia científica y a las necesidades reales de los pacientes. La propuesta también pretende abordar la escasez de medicamentos oncológicos, las deficiencias en la formación del personal sanitario y las desigualdades territoriales en el acceso a la atención. Las organizaciones impulsoras sostienen que el sistema debe garantizar una atención integral, desde la prevención y el diagnóstico temprano hasta el tratamiento y los cuidados paliativos, independientemente del lugar de residencia de los pacientes.
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