Efe / La Voz de Michoacán La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre la persistencia de la violencia contra periodistas en México, donde documentó tres asesinatos de comunicadores, además de amenazas, agresiones y medidas legales que podrían limitar el ejercicio de la libertad de expresión. En su informe sobre la libertad de expresión en México, la organización destacó los homicidios de Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, asesinado en julio en Puebla. Además del de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista crítico de autoridades, y el de Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido asesinado en agosto pasado en Puebla. La SIP, junto con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) reclamó investigaciones exhaustivas que no descarten la actividad periodística como posible móvil de los crímenes. El informe también menciona otros tres asesinatos en los que, según la información disponible, no se han identificado indicios de relación con el trabajo de las víctimas. La organización documentó además amenazas de muerte, agresiones durante coberturas y presiones para retirar información, incluido un caso en el estado de Tamaulipas donde dos periodistas denunciaron que integrantes de la Marina los obligaron a borrar imágenes de un presunto derrame de petróleo. Preocupación por medidas legales La SIP también alertó sobre el uso de herramientas legales contra la prensa, como la denominada 'Ley Serrano', una reforma aprobada en 2025 en el central estado de San Luis Potosí que castigaba con hasta seis años de prisión el uso de inteligencia artificial para difundir contenidos falsos o afectar la confianza en las instituciones. La legislación, cuestionada por organizaciones de derechos humanos por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión, derivó en procesos penales contra periodistas, incluidas dos comunicadoras detenidas en mayo pasado, mientras que el Congreso estatal derogó la reforma en julio pasado. El informe también recogió las críticas a los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias, aprobados en agosto, ante el riesgo de interferencias en la libertad editorial. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que estas disposiciones constituyan censura. El reporte mencionó asimismo los cuestionamientos al análisis gubernamental sobre una supuesta red de amplificación digital que incluía nombres de periodistas y analistas, mientras el Ejecutivo negó que buscara estigmatizarlos. La SIP advirtió que la impunidad continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para el periodismo mexicano. Según la clasificación mundial de RSF de 2026, México ocupa el puesto 122 de 180 países en libertad de prensa y el 160 en el indicador de seguridad.
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