Christian Hernández / La Voz de Michoacán El municipio de Uruapan enfrenta un severo déficit institucional en su estado de fuerza y mantiene una opacidad en sus registros internos de seguridad, confesó el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), César Erwin Sánchez Coria. El funcionario confirmó que la corporación local cuenta con un registro en papel de aproximadamente 389 policías ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), una cifra que representa apenas la mitad de los elementos que la localidad requiere con urgencia. De acuerdo con el funcionario estatal, el Gobierno del Estado iniciará una revisión física y un pase de lista riguroso durante esta semana para contrastar las bases de datos federales con la realidad operativa de las calles uruapenses. El objetivo principal de esta auditoría es desglosar cuántos de los 389 elementos registrados están realmente asignados a tareas operativas de patrullaje y cuántos han sido desviados a funciones puramente administrativas. Sánchez Coria exhibió que la actual administración del Ayuntamiento de Uruapan ha incumplido con la obligación de reportar de manera oportuna las bajas de su personal policial, tanto al estado como a la federación. “No podemos saber a ciencia cierta cuántos han dado de baja ellos, porque hasta que no nos informan a nosotros y a la federación es que podemos saber cuáles son realmente los efectivos que andan en calle”, reconoció. Esta discrepancia administrativa coincide con las estimaciones del gobernador del estado, quien previamente advirtió que la fuerza policial real y operativa en Uruapan ronda apenas el 20% de lo que normativamente dictan los estándares mínimos de seguridad. Por densidad demográfica, Uruapan debería mantener entre 780 y 800 policías municipales en activo para aproximarse al estándar recomendado de 1.8 policías por cada mil habitantes. A pesar de que el municipio atraviesa una evidente crisis por la falta de uniformados, el Secretariado Ejecutivo admitió que legalmente no existe un mecanismo normativo para sancionar u obligar al ayuntamiento a acelerar las contrataciones o a transparentar sus plantillas, debido a la autonomía municipal con la que ejercen sus propios recursos. Por el momento, ante la falta de una plantilla municipal robusta en Uruapan, las labores prioritarias de vigilancia en la región continúan siendo subsidiadas y cubiertas mediante el despliegue emergente de la Guardia Civil estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
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