Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) pospuso la firma del convenio de colaboración con instituciones federales de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero, el cual busca evitar la infiltración de la delincuencia organizada o cualquier tipo de criminalidad entre los aspirantes a candidaturas en el Proceso Electoral Concurrente. El protocolo estaba programado para este viernes 6 de noviembre entre el INE y los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos; de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Francisco Almazán Barocio; de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera Mendoza, y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares. Sin embargo, el órgano electoral informó que debido a reajustes en la agenda de los funcionarios de alto nivel, el evento presencial fue reprogramado y la nueva fecha se dará a conocer oportunamente mediante los canales institucionales. Mecanismo de verificación de integridad y evaluación de riesgo La alianza facilitará el intercambio oportuno de información entre las autoridades para implementar el procedimiento de verificación de integridad y evaluación de riesgo razonable en aspirantes a candidaturas de partidos políticos e independientes. La estrategia contempla que, de forma voluntaria, los institutos políticos y las personas aspirantes a candidaturas independientes entreguen las listas de sus postulantes acompañadas del consentimiento informado de cada uno de ellos. Posteriormente, el INE remitirá la documentación a las instancias competentes de seguridad e inteligencia, las cuales determinarán —bajo sus propias metodologías y criterios técnicos— la existencia o inexistencia de algún riesgo razonable. Finalmente, el INE reafirmó su compromiso con la autenticidad de los procesos comiciales para consolidar la probidad de las candidaturas como un estándar estricto de responsabilidad democrática, garantizando la protección de los derechos político-electorales.
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