Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles conductas constitutivas de delito, a fin de que la autoridad ministerial determine las responsabilidades correspondientes. A través de un comunicado, el órgano electoral mexicano subrayó que esta determinación responde exclusivamente a su obligación institucional de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión. Asimismo, el instituto afirmó que sostiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales. Renuncia de Guadalupe Taddei e investigación de la ASF Cabe recordar que el pasado lunes 26 de octubre, Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, presentó su renuncia al cargo ante la Cámara de Diputados tras señalamientos de presunta corrupción. La decisión de Taddei ocurrió luego de revelarse la presunta existencia de una red de al menos siete proveedores que habrían simulado competencia en procesos de adjudicación de contratos y participado en la triangulación de recursos vinculados a empresas que emitieron comprobantes fiscales por servicios inexistentes. Por su parte, el 23 de octubre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio respecto al uso indebido de recursos públicos. La ASF precisó que la indagatoria abarca tanto al INE como a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), personas servidoras públicas y proveedores relacionados, tras detectar indicios de conflictos de interés, colusiones e irregularidades en diversas contrataciones. El órgano superior de fiscalización garantizó una investigación con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico. Bloqueos de la UIF a empresas y proveedores En este mismo contexto, el pasado 4 de noviembre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas de 40 personas físicas y morales vinculadas con proveedores electorales tras detectar operaciones financieras de alto riesgo. La UIF detalló que incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas en su Lista de Personas Bloqueadas como medida preventiva, al tiempo que presentó una denuncia formal ante la FGR para esclarecer responsabilidades, sin que esto signifique aún una resolución definitiva.
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