Sinaloa anunció la derogación de un artículo de una ley local que prohibía a los medios de comunicación acceder a escenas de crimen, que fue criticado por organizaciones nacionales e internacionales por considerarlo un acto de censura. La Sociedad Interamericana de Prensa manifestó el martes su rechazo al artículo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, aunque la noche del lunes el gobernador estatal, Mario López Valdez, firmó un acuerdo para derogar esa porción de la norma aprobada por unanimidad la semana pasada. Aunque los ajustes a esa ley fueron promovidos por su gobierno, López dijo que hubo errores de redacción específicos en el artículo, que también prohibía a los medios de prensa fotografiar, grabar o filmar a los delincuentes. El gobernador firmó un acuerdo para derogar el artículo, aunque para que entre en efecto el cambio tiene que ser aprobado por el Congreso estatal, el cual se encuentra en receso. Legisladores locales han dicho que podría convocarse a un periodo extraordinario. "Esas restricciones constituyen una clara censura a la cobertura periodística sobre hechos que la ciudadanía tiene derecho a conocer y son de alto interés público", manifestó el martes Claudio Paolillo, presidente de la comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Aunque existen disposiciones similares en leyes similares, la SIP consideró que "lo grave de esta medida es que impide a los funcionarios hacer declaraciones o dar entrevistas" y limita la información a los boletines de prensa de la Procuraduría, con la excusa de que se "cumpla con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia". Organizaciones de prensa de México e intelectuales han criticado el nuevo artículo por considerar que atenta contra las libertades de prensa y de expresión. Paolillo dijo que la SIP estará alerta ante el compromiso de los legisladores de eliminar la disposición. La SIP se había opuesto en 2011 a la intención del Congreso de Sinaloa de aprobar una ley de protección para periodistas que incluía la obligación de registrar las investigaciones periodísticas, lo que atentaba contra el secreto de las fuentes.
La Voz de Michoacán
