El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, consideró que la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, podría constituir una ejecución sumaria, por lo que pidió al gobierno investigar con prontitud e independencia este hecho, así como juzgar y sancionar a todos los implicados. El experto de la ONU celebró la decisión de las autoridades mexicanas de detener a ocho militares sospechosos de haber dado muerte a 22 presuntos delincuentes e instó garantizar la protección de las víctimas sobrevivientes y testigos. Los hechos ocurrieron el 30 de junio pasado, en Tlatlaya, Estado de México, durante una operación militar contra presuntos delincuentes. Tres mujeres fueron las únicas sobrevivientes, pero dos de ellas fueron detenidas posteriormente por cargos de posesión de armas de fuego y crimen organizado. Al respecto, Heyns señaló que el gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Resaltó que "toda pérdida de la vida que resulte del uso excesivo de la fuerza y sin el estricto cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad es un caso de privación arbitraria de la vida y por lo tanto ilegal". Explicó que observará de cerca el progreso en la investigación y pidió al gobierno mexicano proporcionar medidas urgentes de protección para las sobrevivientes, así como para los periodistas que tomaron testimonios y fotografías de los hechos y los medios de comunicación mexicanos que lo publicaron. A este llamado también se sumó el Relator Especial sobre libertad de expresión, David Kaye, quien exhortó a las autoridades mexicanas a que garanticen la seguridad de todos los trabajadores de los medios en cuestión.
La Voz de Michoacán
