Morelia, Mich.- La función como la figura de un comisionado, se explican por la necesidad justificada del Estado mexicano de garantizar la integridad de las personas, de las familias y de su patrimonio, en una entidad que no tiene meses, sino más de una década padeciendo el flagelo de la inseguridad y la violencia delincuencial, aseveró este martes el diputado Salomón Fernando Rosales Reyes. Al participar en la discusión y votación del punto de acuerdo mediante el cual se planteó exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a derogar el Decreto Administrativo mediante el cual se crea la Comisión Especial para el Desarrollo Integral y la Seguridad del Estado de Michoacán, Rosales Reyes expresó que al margen de la argumentación jurídica que sustenta el desempeño de la Comisión, “lo cierto es que hay argumentos de cultura y de realidad que vuelven necesaria su operación y vigencia en nuestra entidad”. Aseveró que si alguien quiere perder de vista la realidad del estado, “o distorsionarla por una inocultable conveniencia ideológica”, lo más seguro es que la rebelde realidad de Michoacán sea irreductible a visiones obtusas y a enfoques rígidos. Expresó que es posible que la Comisión creada el 14 de enero del presente año, “no haya resuelto en 11 meses la compleja problemática que en Michoacán se creó en 12 años, pero ha contribuido a detener el deterioro de la vida institucional del estado, de una manera que sólo la perspectiva histórica podrá revelar algún día”. Dijo que es posible que la Comisión no haya restablecido y saneado completamente el tejido social, “pero es un hecho objetivo incontrovertible, que la realidad del Michoacán de hoy podría ser convulsamente distinta de la que tenemos, si las estructuras administrativas y de apoyo de la Comisión no hubiesen aterrizado”. Mencionó que a través de la comisión se han emprendido obras carreteras, comités de participación ciudadana, programas de huertos familiares, planes de atención forestal y de desarrollo ambiental, programas de recuperación de espacios públicos en pueblos, ciudades y comunidades que hace años vivían bajo el sometimiento de la delincuencia organizada. Agregó que nadie en su sano juicio ha intentado soslayar un debate, necesario e indispensable, sobre lo que realmente necesita Michoacán para superar sus problemas. Lo que más bien ocurre, dijo, es que lo que puede ser prioridad para algunos, no lo es para la inmensa mayoría de los michoacanos. Y resulta claro que la prioridad, para la inmensa mayoría, es resolver los problemas sociales, económicos y políticos del estado, haciendo uso de los instrumentos de gobierno y de las fórmulas jurídicas que prevé el diseño constitucional de nuestro país.
La Voz de Michoacán
