Notimex/La Voz de Michoacán Cataluña. El Parlamento de Cataluña (noreste de España) aprobó hoy la Ley de Referéndum que permite convocar a una consulta sobre la independencia de esa región respecto de España, cuyo gobierno anunció medidas para anularla y exigir responsabilidades penales. La cámara catalana en Barcelona vivió este miércoles una jornada maratónica, al promoverse la aprobación de esta ley sin haber estado en el orden del día, sin debate previo y con un rechazo a las enmiendas. La legislación regula la convocatoria del referéndum que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha propuesto para realizarse el 1 de octubre próximo, y que el gobierno de España impugnará este jueves ante el Tribunal Constitucional al considerarlo ilegal. La ley fue aprobada por 72 votos a favor de la coalición independentista Juntos por el Sí y los independentistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), de los 135 que integran la cámara. La votación se realizó en ausencia de los grupos de Ciudadanos, Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que abandonaron el pleno cuando se iba a votar la iniciativa, así como con la abstención de la izquierdista Cataluña Sí se Puede. El pleno vivió momentos de tensión, una vez que a su inicio la mayoría independentista presentó la iniciativa de Ley de Referéndum (que no figuraba en el orden del día) para ser votada sin trámites previos este mismo miércoles. El clima de confrontación se generó ante las protestas de diputados de Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista y la coalición de izquierda Cataluña sí se Puede contra la decisión que atribuyeron a la presidenta del parlamento, Carmen Forcadell. A la polémica se suma el hecho de que el secretario del Parlamento de Cataluña, Xavier Miro, y el jefe de sus servicios jurídicos Antoni Bayona, alertaron en un escrito que tramitar esa iniciativa es contrario a lo dictado por el Tribunal Constitucional. Asimismo, advirtieron que seguir con el cambio del orden del día y tramitar la Ley de Referéndum puede generar responsabilidades penales para los miembros de la Mesa del Parlamento. Miró se negó a firmar el documento de entrada de la iniciativa al pleno y su correspondiente publicación, algo que fue observado por los grupos opositores en sus alegatos. Tras horas de receso, el Parlamento realizó la sesión en la que solo las dos fuerzas independentistas, pero con mayoría de votos, avalaron la Ley de Referéndum, mientras recibió el rechazo de Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista y la abstención de Cataluña Sí se Puede. En respuesta a lo ocurrido, la vicepresidenta del gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría calificó lo ocurrido en el Parlamento de Cataluña como “bochornoso y vergonzante”, más “cerca de regímenes autoritarios”. “Lo que hemos vivido hoy en Cataluña es una patada a la democracia, a los catalanes y a la decencia política”, manifestó. El presidente Mariano Rajoy pidió a la Abogacía General del Estado un incidente de ejecución de sentencia, por vulnerarse decisiones del Tribunal Constitucional que prohíben a la mesa del Parlamento catalán permitir avanzar en el proceso independentista. Asimismo, se pide que sean exigidas las responsabilidades penales contra Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlamento que votaron a favor de permitir la entrada de la Ley de Referéndum en la sesión de este miércoles. También se pidió al Consejo de Estado un informe para presentarlo como impugnación ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, la Fiscalía Superior de Cataluña anunció que presentará querellas contra los integrantes de la Mesa del Parlamento que permitieron admitir a trámite la iniciativa de Ley de Referéndum. A nivel nacional, el proyecto independentista es rechazado por el PP, el Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y de forma parcial por la izquierdista Podemos, que no está en contra del referéndum pero sí de la secesión. Rajoy recibirá mañana jueves en el Palacio de la Moncloa al líder socialista Pedro Sánchez y posteriormente al de Ciudadanos, Albert Rivera, para coordinar posturas de respuestas al pulso lanzado por el Parlamento y el gobierno de Cataluña.
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