Con un listado de penas que van de cinco a 60 años prisión, el pleno del Senado aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, a fin de combatir el robo de combustibles, petroquímicos e, incluso, de crudo que lleva a cabo la delincuencia organizada en la industria petrolera. La ley, que ataca un problema creciente desde el año 2000, fue aprobada por 80 votos a favor del PRI, PAN, PRD, PVEM, Panal, y siete en contra del PT, incluido un perredista. El presidente en turno de la Mesa Directiva, José Rosas Aispuro (PAN), turnó la minuta a la Cámara de Diputados para su revisión. La nueva ley también castiga la venta de litros incompletos de gasolina y diésel, así como de volúmenes de gas licuado de petróleo inferiores a los que se facturan al consumidor. El concesionario y sus operadores que incurran en estas prácticas delictivas pueden hacerse acreedores a cárcel, multa y pérdida de la concesión, en proporción al volumen del combustible no despachado. Así, por extraer sin autorización en cantidades menores a 300 litros hasta más de 30 mil hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos o instalaciones de asignatarios, contratistas o permisionarios, se impone cárcel de cinco hasta 30 años. Además, multa de 40 mil a 50 mil días de salario mínimo. El Senado aprobó que sea delito grave la “ordeña” de ductos, el robo de crudo en campos de producción, así como en puertos de embarque, área de las que se reconoce control del crimen organizado. Van por litros de a litro. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Omar Fayad Meneses (PRI), dijo que empleados de Pemex y población de las localidades acceden bajo amenaza de muerte a los propósitos de los delincuentes. También se impone de cinco a 10 años de prisión y multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo a quien venda al consumidor litros incompletos de gasolina y diésel, y cometa fraude al despachar gas LP. Fayad Meneses, autor de la iniciativa, explicó que se tipifica el delito de terrorismo en instalaciones petroleras que será sancionado con 40 y hasta 60 años de prisión y multa de 65 mil y hasta 75 mil días de salario mínimo
La Voz de Michoacán
