Javier Favela/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El gobernador Silvano Aureoles ordenó reducir el gasto público en más de 20 dependencias del Gobierno del Estado, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, que ascendería a 65 mil 670 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal. Medio centenar de Unidades Programáticas Presupuestales son las que “salen ganando” en la proyección 2018, entre ellas el Congreso, la Secretaría de Educación, el DIF estatal, la procuraduría de justicia, la secretaría de seguridad pública, la Secretaría del Medio Ambiente, la Universidad Michoacana, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Comisión de Derechos Humanos. Sufren ajustes a la baja la Secretaría de Gobierno, la SCOP, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Comisión Estatal de Aguas y el Instituto de Profesionalización Policial, mientras que oficialmente quedan extinguidas y sin presupuesto operativo: Azteca de Michoacán, Comisión de Ferias, Coordinación del Gabinete, Secretaría de Pueblos Indígenas, Secretaría de Ciencia y Tecnología, y Secretaría de Desarrollo Territorial, en virtud de la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Carlos Maldonado planteó asignar 3 mil 277 millones de pesos para el pago del servicio de la deuda pública de Michoacán. Dicha previsión será flexible en función del comportamiento que presenten las tasas de interés y los niveles inflacionarios durante el año, así como la renegociación o reestructuración bancaria. La propuesta del gobernador Silvano Aureoles promete no incrementar la carga impositiva ni contraer endeudamiento. El Estado prevé la posibilidad de reajustar hasta el 10 por ciento del presupuesto estatal para apoyar a la población civil, reactivar economías regionales y reconstruir infraestructura en caso de desastres naturales. La Secretaría de Finanzas podría modificar el presupuesto ante situaciones de emergencia o contingencia. El proceso electoral michoacano consumiría una partida de 358 millones de pesos para llegar a la elección de julio de 2018. Quedaría prohibido el pago de compensaciones y horas extras que no estén plenamente fundadas y motivadas. Según la iniciativa, el gasto en servicios personales sería refrenado, mientras que el gasto operativo sería disminuido. En el marco de la cancelación de plazas en las dependencias durante el presente 2017, ha concluido el proceso de jubilación de 1,300 trabajadores de la Secretaría de Educación estatal. El presupuesto con fuente de financiamiento estatal no comprometido, devengado o ejercido al 31 de diciembre de 2018 sería cancelado por la Secretaría de Finanzas para su reintegro. Las dependencias tendrán obligación de hacer contratación consolidada de materiales y suministros, material de oficina y de limpieza, tóner, uniformes y pólizas de seguros, siempre y cuando haya ahorros y mejoras en calidad, precio y servicio. Para más información checa nuestra edición impresa del 22 de septiembre.
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