Redacción Web/ La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El Coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión, Marko Cortés Mendoza, reconoció el avance de la entidad en la promulgación de las Leyes Anticorrupción, que forman parte de la reforma constitucional al Sistema Nacional, presentada por el Grupo Parlamentario del PAN en la pasada legislatura, pero consideró que se requiere brindar las condiciones necesarias para la conformación y elección de los integrantes de los diversos Comités Ciudadanos, así como el Fiscal y los Magistrados, que serán los responsables de implementar la norma, a fin de que la legislación en la materia, no sea letra muerta en la entidad. Indicó que la corrupción es un problema que lacera y afecta el desarrollo de Michoacán, que se mantiene dentro de los tres estados más corruptos a nivel nacional, luego de que 104 municipios reprobaron en transparencias y rendición de cuentas, por lo que será obligatorio que las personas que integren el Sistema Estatal deben ser especialistas en carrera judicial acreditada, tener la experiencia profesional y ética, pero sobre todo, que sean electos por sus méritos propios y no por negociaciones políticas o para cumplir cuotas de poder. “La Ley pretende acabar con la corrupción que existe en el sector público en los tres órdenes de gobierno, con la impunidad que impide que los corruptos sean castigados y poner punto final a la cerrazón del gobierno para volverse transparente, por lo que al contar con esta herramienta se requiere continuar con el marco jurídico y volverla una realidad, pero que cuente con la autonomía suficiente para tomar sus propias decisiones, pero sobre todo, que no se convierta en una lucha de poder entre los partidos políticos”, indicó. Expresó que las leyes serán insuficientes si no se pretende impulsar la cultura anticorrupción, por lo que se requiere el interés de la ciudadanía para que se involucren en la vida política del estado y con ello, contar con la certeza de la aplicación y ejecución de los recursos públicos, además de que el Sistema Estatal cuente con el respaldo suficiente para que cumpla el objetivo por el que fue creado; prevenir, fiscalizar, investigar y sancionar la corrupción, que no sea un acto de simulación. “Debemos de trabajar de manera coordinada, ya que la transparencia se ve afectada por la fragilidad del estado de derecho, la corrupción y la impunidad, pero sobre todo, por el desinterés de la ciudadanía, que es la que debe exigir el castigo a los responsables que por años han vivido de las arcas gubernamentales y que se han aprovechado de su posición para obtener beneficios personales. Coincidimos con las voces de la sociedad civil que nos reclaman sanciones claras, ante la condición que mantiene a México en el segundo lugar de impunidad en el mundo, donde el 95 por ciento de las denuncias penales ante la Auditoría Superior de la Federación no prosperan y menos del cinco por ciento de los funcionarios acusados de corrupción reciben un castigo”, finalizó.
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