El juez que envió ayer a prisión preventiva al expresidente del mexicano Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, lo hizo porque consideró que existía "un claro riesgo" de que se fugara si no se ingresaba en la cárcel, y también de que destruyera pruebas. La gravedad de los hechos que se imputan al político mexicano y de la pena "que pudiera llegar eventualmente a imponerse, generan desde luego un claro riesgo de fuga", dice el magistrado en el auto de prisión, al que ha tenido acceso a Efe. El juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, dictó ayer el ingreso en prisión incondicional de Moreira, que había sido detenido en Madrid por presunto blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y otros delitos. De la Mata explica en su auto que se basa en indicios provisionales. Aún así explica que "durante su estancia en España el investigado tenía al menos tres cuentas, en las que figuraba como titular, que han sido beneficiarias de transferencias de fondos procedentes de dos sociedades identificadas como Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios, Asesoría Publicidad". En total, las transferencias suman un valor total de 199.079,48 euros (unos 217.000 dólares al cambio actual). "Sin perjuicio de que a lo largo de la investigación pueda el investigado aportar nuevos elementos de prueba", sus explicaciones "no justifican por ahora" el monto total recibido, por lo que "existen motivos para considerar que el investigado puede estar relacionado con algunas transacciones propias de blanqueo de capitales", señala el juez. Además, y en cuanto al riesgo de fuga, señala que el investigado no tiene vínculos familiares o laborales en España, ni tampoco conexiones económicas. "El riesgo se acentúa por la facilidad que tiene el investigado, por sus recursos, medios económicos, vínculos con otros países y conexiones internacionales, de salir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia española", añade. De la Mata tiene en cuenta también que "existe riesgo de destrucción de pruebas". Humberto Moreira, que fue también exgobernador del estado mexicano de Coahuila de 2005 a 2011, fue detenido por la Policía española en virtud de una orden de busca y captura dictada por la Fiscalía Anticorrupción. El detenido fue presidente del PRI de marzo a diciembre de 2011, cargo que dejó al verse involucrado en el caso de la supuesta contratación irregular de deuda pública durante su Gobierno en Coahuila. En 2013, se conoció que residía en Sant Cugat del Vallés, localidad próxima a Barcelona, a la que, según sus propias declaraciones, se trasladó después del asesinato de su hijo José Eduardo el 3 de octubre de 2012, al parecer a manos de presuntos miembros del grupo criminal de Los Zetas.
La Voz de Michoacán
